Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves de que la batería de reformas de la Ley de Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador «amenazan» la independencia judicial del país centroamericano.
Entre otros aspectos, la ley significa la expulsión de todos los jueces y fiscales que tengan más de 60 años. Aunque no se conoce el número concreto de los jueces que se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los cerca de 700 jueces de El Salvador, que podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, institución que el partido de Gobierno –Nuevas Ideas– recientemente «ha cooptado», remarca HRW.
La nueva norma será aplicable a todos los jueces y fiscales, salvo aquellos jueces que formen parte de la Corte Suprema. Previamente, la ley no establecía una edad de jubilación obligatoria para los jueces e indicaba que estos podían retirarse al cumplir 35 años de servicio.
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Bukele
«Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del Gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores», criticó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, que ha subrayado que, desde que los legisladores aliados del presidente, Nayib Bukele, lograron el control de la Asamblea Legislativa, han adoptado «medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía».
HRW ha remarcado que, desde que asumió el cargo en 2019, Bukele «ha debilitado el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos». Por ejemplo, el mandatario salvadoreño ha cuestionado abiertamente pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibieron llevar a cabo detenciones por infracciones a las medidas contra la COVID-19 y ha acusado a algunos jueces de «genocidas».
Uno de los jueces que se verá expulsado es Jorge Guzmán, encargado de investigar la masacre de El Mozote, al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a archivos relacionados con la matanza a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de los archivos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Críticas
Diputados de la oposición, juristas y defensores de la democracia han criticado el movimiento, señalando que se trata de un «tiro de gracia» o «golpe mortal» a la independencia del poder judicial en El Salvador. Además, han señalado que lo aprobado busca garantizar al oficialismo sus propios jueces.
La aprobación de las reformas tiene lugar después de que el poder legislativo salvadoreño destituyera a varios jueces del Constitucional, un movimiento ampliamente criticado por la comunidad internacional al entender que se trata de un paso hacia el autoritarismo en el país centroamericano.