Se llama Hogar Seguro, pero desde hace años registra desapariciones, maltratos y hasta un asesinato. Lo peor de todo es que este centro —administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia— nunca ha cumplido con su fin primordial y permanece en el olvido de unas autoridades que guardan silencio de sus pecados.
Puede parecer irónico que un centro como estos se llame Hogar Seguro, porque se ha perdido por completo el sentido que tenían desde su creación en 2006, cuando se buscaba brindar seguridad y protección a niños y niñas víctimas del maltrato.
Es bajo la administración del presidente Álvaro Colom cuando se inaugura en San José Pinula el centro Hogar Seguro, Virgen de la Esperanza, que luego cambia al nombre de Virgen de la Asunción.
El nombre y el concepto están muy lejanos a la realidad que viven cerca de 800 menores en un lugar con capacidad para 400. Ninguno de ellos puede sentirse seguro, y a ello puede atribuirse —entre otras cosas— las constantes fugas que se producen. Varias denuncias se siguen en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Pese a las noticias alarmantes y esa lluvia de denuncias, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) mantienen hermetismo, niegan la información y prohiben el ingreso de la prensa al controversial centro en San José Pinula. Su vocero, Gamaliel Carías, dice lacónicamente que hay instrucciones de no dar información con respecto al Hogar Seguro, porque hay procesos de investigación por parte del Ministerio Público (MP), la PGN y la PDH.
La secretaria de Bienestar Social, Silvia Raquel Vielman de Alcázar, tampoco responde a las preguntas de los periodistas, y se limita a mantenerse ajena a lo que sucede en esta dependencia, de cara a la opinión pública.
Según las denuncias, el maltrato hacia los menores —a quienes se debería proteger—, así como las condiciones inhumanas, son algunas de las causas de los constantes casos de fuga que ocurren. Los niños y jóvenes prefieren volver a las peligrosas calles, donde corren riesgos similares.
No es nada nuevo
El tema llegó a la primera plana de muchos medios esta vez, pero en realidad no es algo nuevo o extraño todo lo que sucede en ese Hogar inseguro de San José Pinula.
Crónica pudo conversar con una joven que ha realizado trabajo de voluntariado dentro de este centro específicamente. Por razones de seguridad, pidió guardar su nombre en el anonimato, pero sí narró lo que presenció cuando visitaba el lugar hace tres años: Había un ambiente de miedo e incertidumbre. Las condiciones eran deplorables, dice al inicio de la conversación, en la cual explica que a los niños los metían en lugares estrechos, muchos dormían en una misma cama. Los baños no tenían papel higiénico, la comida era insuficiente y tenían que compartir hasta el cepillo de dientes.
Quienes practicaban ese voluntariado llevaban algunos alimentos u otras cosas para aliviar las carencias.
Cuando fui con mi grupo para hacer las actividades para ellos, veíamos que varios niños tenían heridas y algunas cortadas. Las mismas niñas nos contaban que las jóvenes de mayor edad se pasaban del lado de las menores y las amenazaban y cortaban con pedazos de vidrio.
En su descripción, recuerda que el ambiente era hasta de miedo, y que los propios encargados de seguridad les manifestaban temor por acciones de los menores. Había demasiado desórden.
Meses después de su voluntariado, sucedió la muerte de una niña de 14 años: Una niña fue asesinada por otras mucho más grandes que ella, fue estrangulada con una bufanda. De cierta forma querían demostrar que tenían poder, comenta con alto grado de tristeza y a manera de lamentación.
En el transcurso del tiempo han ocurrido numerosos casos de fuga de menores, pero siempre se hace evidente la falta de medidas de seguridad.
¿Qué pasa ahora?
Cuando uno llega a Hogar Seguro, ubicado en el Platanar, San José Pínula, se puede ver que no parece un centro de apoyo a los menores, sino más bien luce como un centro penitenciario, rodeado con alambrado de púas. Lo triste es que la inseguridad está adentro.
El 9 de noviembre, Enma Alexandra Pérez de la Cruz, una joven de 17 años, quien había estado dentro de este Hogar Seguro, presentó una denuncia ante Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), según la cual, ha sido víctima de abusos por parte de las autoridades.
En la SBS reconocieron que tuvieron que llevar a cabo algunas destituciones y se investigan los casos denunciados. Esto se hizo únicamente ante una comisión del Congreso de la República.
Existe la presunción de la comisión de delitos de trata de personas, y tortura, incumplimiento de deberes, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, amenazas, entre otros; explica el abogado Mynor Alvarado, quien lleva el caso de la menor, a la vez que indica que la situación que se vive en el centro es bastante alarmante.
La denuncia que presentamos al Ministerio Público (MP) explica tres aspectos. El primero, la existencia de un vínculo de las autoridades operativas con algunas personas externas, lo que puede significar una red criminal de trata de personas; segundo, nos llama la atención que existe una asignación presupuestaria de Q25 millones para alimentación, cantidad bastante elevada, por lo que existe una mala administración de los recursos.
Y tercero, añade, los perfiles de las personas que trabajan en el lugar, no solo a nivel técnico sino de dirección y control no son adecuados, pero de todas maneras ejercen los cargos.
Las alertas continúan
Las autoridades judiciales muestran ahora más preocupación e interés en investigar. El MP ha creado —en mayo pasado— la fiscalía especial de Delitos contra la niñez y la adolecencia, que ya tiene en sus manos algunos de estos casos.
Los meses en los que se registra mayor número de desaparición de menores del Hogar Seguro son los meses de septiembre y octubre, con 30 y 10 desapariciones respectivamente, menciona el fiscal Julio Ortega, de esa unidad especializada.
Por su parte, Julia Barrera, vocera del MP, menciona los casos que se han presentado: Como parte de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba Keneth, el MP ha recibido el reporte de 52 menores de edad que habrían salido de la casa hogar, desde el mes de septiembre hasta la fecha, 43 mujeres y ocho hombres, explica.
En el caso de las mujeres, han aparecido 18 de las 43. De esas 18, nueve fueron remitidas nuevamente al hogar, y las otras nueve con familia ampliada. En el caso de los varones, no se ha encontrado a ninguno de ellos. En ambos casos, es por resolución de juez que regresan o no al hogar, agrega Barrera.
El nombre de Hogar Seguro Virgen de la Asunción tampoco es desconocido en el MP. En el año 2012 se recibieron 11 denuncias sobre violaciones a los derechos de los niños y niñas. En 2013 ese número subió a 14, por 9 en el 2014 y de nuevo 14 el año pasado.
La defensora de la Niñez de la PDH, Gloria Castro, refiere que las acciones inmediatas se están empezando a poner en práctica. Lo que hemos hablado con las autoridades es de un cierre, mediante el proceso de desinstitucionalización del Hogar Seguro, y hemos entablado un diálogo con la Secretaría de Bienestar Social para volver a los métodos de cuidado alternativo, como lo son los hogares pequeños, indica.
Ella destaca que uno de los problemas es que cada monitor tiene a su cargo más de 30 menores y recuerda que algunos de ellos han tenido contacto o provienen de las pandillas o maras.
Por su parte, el procurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, considera una preocupante anomalía las constantes desapariciones de adolescentes, y explica que al tener conocimiento de la fuga de 31 adolecentes se presentó una denuncia de medida de prevención a los juzgados correspondientes. En la primera resolución, la jueza ha ordenado al INACIF, SBS, PGN y PDH que realicen investigaciones precisas.
La organización ECPAT —asociación que trabaja en la eliminación de la prostitución, pornografía y tráfico sexual de niños, niñas y adolecentes— por medio de su directora, María Eugenia Villagrán, se ha pronunciado también sobre lo que califica como deplorable estado de estos hogares bajo responsabilidad de una secretaría de la Presidencia de la República.
Ella considera que el hacinamiento, falta de voluntad política y falta de personal especializado son, en parte, causa del problema, pero también mira que los jueces de la niñez no están dando soluciones adecuadas a los casos denunciados sobre esta institución.
Lo que exigimos son capacitaciones para los trabajadores; sin embargo, lo que realmente pasa es que la que entra a laborar es la amiga de la primera dama, ya que, recordemos que la SBS la maneja la primera dama. Ella coloca a los trabajadores bajo su criterio, cuando no se da cuenta que son hogares especializados, no se puede meter a cualquiera, indica Villagrán.
Por su parte, José Alberto Villagrán, coordinador de proyectos en el Refugio de la Niñez, menciona que Guatemala tiene altos índices de violencia y trata de personas, el sistema de protección no tiene tampoco la capacidad de poder atender integralmente a toda la cantidad de niños que sufren estos crímenes. La Secretaría se pronuncia a medias.
El tema esá planteado. Deben intervenir las autoridades del Gobierno, judiciales e instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos de la niñez y adolecencia.
Mientras, la SBS sigue siendo un elefante que rinde pocos frutos. La mayoría de sus 1.565 empleados y 161 asesores han sido nombrados con algún grado de compadrazgo político, lo que impide que los resultados que se vean puedan ser los requeridos. La inestabilidad en los hogares seguros es una muestra clara.