- El exfiscal Juan Francisco Sandoval, en el exilio por el acoso judicial al que le ha sometido el MP, describe desde adentro, lo que sucedió con el caso Odebrecht y lo que pasa con la justicia en Guatemala.
El sábado 24 de julio la noticia corrió como reguero de pólvora: el exfiscal de la FECI, un firme luchador contra la corrupción tuvo que salir al exilio, perseguido por la institución a la que servía eficientemente: el Ministerio Público. Desde entonces, su sucesor, el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche ha abierto cerca de 100 causas en su contra.
Gonzalo Marroquín Godoy
El caso Odebrecht fue uno de los mayores esquemas de soborno transnacional en América Latina. Al menos diez países estuvieron involucrados: en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela se persiguió a los responsables. En Guatemala se dieron inicialmente los mejores resultados, pero luego vino la debacle.
La fiscal general, Consuelo Porras, destituyó a quien perseguía a los corruptos, el entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, y en su lugar llegó Rafael Curruchiche, quien cambió del todo el rumbo de las investigaciones, hasta el punto en que ya no se persigue a nadie y el Estado perdió un resarcimiento de la empresa brasileña de más de US17 millones.
Nadie mejor que el propio exfiscal Sandoval para desentrañar lo sucedido. Desde el exilio conversó con Crónica y lo primero que expuso es que nos quitaron la FECI, pero no la convicción. Nos arrebataron el cargo, pero no la memoria. Y mientras existan voces dispuestas a recordar lo que ocurrió, la impunidad no podrá dormir tranquila.
Esto es lo más destacado de sus declaraciones sobre un caso que muestra cómo funciona la obstrucción a la justicia en Guatemala:
El caso Odebrecht en Guatemala inició en 2012. ¿Cómo se estructuró la investigación desde la FECI?: Es importante precisar que los hechos ilícitos se remontan al año 2012, cuando se adjudicó el contrato de construcción de la carretera CA-2 Occidente a Odebrecht. Sin embargo, la denuncia formal fue presentada en 2016 ante la Fiscalía contra la Corrupción, y posteriormente, en 2017, el caso fue trasladado a la FECI, donde iniciamos un abordaje técnico y estructurado, con base en métodos de análisis criminal, cooperación internacional y recuperación de activos.
A partir de ese momento, la FECI, en conjunto con la CICIG, asumió la investigación con una metodología rigurosa. La articulación con autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos fue clave para desenmarañar una red de corrupción que operaba en las más altas esferas del poder político y empresarial en Guatemala.
¿Qué rol jugó Alejandro Sinibaldi y qué implicó su colaboración eficaz?: Alejandro Sinibaldi no fue solo un implicado: fue el cabecilla y articulador de las operaciones ilícitas vinculadas a la red de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Desde su posición como ministro y luego como operador político, coordinó pagos ilícitos, asignaciones fraudulentas de contratos y el desvío de fondos públicos.
Cuando decidió retornar a Guatemala en agosto de 2020, manifestó su intención de acogerse al mecanismo de colaboración eficaz, reconociendo su responsabilidad y ofreciendo revelar información clave sobre estructuras criminales. Cabe señalar que, desde el inicio, la fiscal general Consuelo Porras mostró resistencia a que se avanzara en esa colaboración.
Durante el tiempo en que yo dirigí la FECI, logramos que sus declaraciones fueran formalizadas, contrastadas y documentadas con rigor. Sin embargo, tras mi salida del país, la dinámica cambió por completo: se desnaturalizó el proceso, se redujo el valor de la colaboración a simples declaraciones aisladas, y se debilitó intencionalmente el caso.
¿Reconoció haber recibido sobornos? ¿A quiénes más señaló?: Sí. Confesó haber recibido millonarios sobornos tanto de Odebrecht como de otros contratistas del Estado. En sus declaraciones vinculó a funcionarios del Ejecutivo, diputados, operadores financieros y empresarios. Su testimonio trazaba un mapa detallado de cómo operaba la red de corrupción.
¿Se corroboraron sus declaraciones?: Al momento de mi salida, la información aún estaba en proceso de corroboración. Habíamos iniciado un trabajo técnico riguroso para verificar los señalamientos realizados por Sinibaldi, cruzando sus declaraciones con registros financieros, contratos, sociedades offshore y otros medios de prueba. Parte de esta información ya había sido contrastada, y otra estaba pendiente de verificación. Ese esfuerzo se truncó abruptamente tras mi destitución, cuando se abandonó el seguimiento metodológico que exigía este tipo de casos.
¿Cómo fue el proceso con los ejecutivos de Odebrecht en Brasil?: El proceso se desarrolló bajo la dirección y supervisión de la jueza de Mayor Riesgo, quien autorizó la práctica de diligencias en el extranjero conforme a lo establecido en los artículos 218 bis y 218 ter del Código Procesal Penal, la reglamentación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Con base en ese marco legal, los ejecutivos de Odebrecht rindieron su declaración formal ante autoridades guatemaltecas, reconociendo los sobornos pagados a funcionarios públicos en Guatemala y describiendo los mecanismos utilizados. Además, nos permitieron acceso a su sistema informático, a los registros contables, y se facilitó el contacto con el banco receptor de los sobornos, lo que nos permitió trazar la ruta completa de los recursos ilícitos, desde su origen hasta sus destinatarios.
¿Se confirmó la existencia de pagos a funcionarios guatemaltecos?: Sí. Los ejecutivos admitieron transferencias por más de 17 millones de dólares. Identificaron a quiénes se les pagó, por qué concepto y mediante qué empresas. Esta información era coherente con la evidencia que obtuvimos localmente. La trazabilidad de los recursos ilícitos fue posible gracias al acceso a sus plataformas internas, a la información financiera y al respaldo documental obtenido mediante cooperación internacional.
¿Los acuerdos con Odebrecht se hicieron conforme a la ley?: Sí. Los acuerdos de colaboración celebrados con ejecutivos de Odebrecht fueron tramitados conforme a las disposiciones procesales vigentes en Guatemala. Fueron autorizados judicialmente por una jueza de Mayor Riesgo, y posteriormente validados por la Corte Suprema de Justicia, pese a que fueron objeto de múltiples impugnaciones. La Sala de Apelaciones confirmó su legalidad, y la Corte de Constitucionalidad también se pronunció avalando su legitimidad.
¿Qué ofrecía Odebrecht al Estado guatemalteco?: El acuerdo de colaboración contemplaba compromisos concretos orientados a la reparación del daño causado al Estado. Entre otros puntos, la empresa se obligaba a pagar una reparación económica de 17.9 millones de dólares y a desistir de una reclamación por 78 millones de dólares que mantenía contra el Estado por supuestos avances de obra. Este acuerdo representaba una oportunidad concreta de justicia restaurativa, bajo estándares internacionales y con validación judicial.
¿Por qué no se concretó el resarcimiento?: Porque se desmanteló deliberadamente la voluntad institucional de exigirlo. Tras mi salida del Ministerio Público, se paralizó el proceso de ejecución del acuerdo, se interrumpió la cooperación internacional y se dejó de impulsar el resarcimiento económico. Además, se orquestaron campañas mediáticas para confundir a la opinión pública, mezclando maliciosamente nuestros hallazgos penales con asuntos de liquidación contractual, con el objetivo de desacreditar el acuerdo y proteger a los responsables.
¿Quedaron en la FECI todos los documentos con declaraciones de Sinibaldi y los ejecutivos de Odebrecht?: Sí. Toda la documentación fue debidamente incorporada a los expedientes: actas de declaración bajo juramento, registros notariales, análisis patrimoniales, informes periciales y evidencia recolectada a nivel nacional e internacional. Dejar ese acervo debidamente sistematizado y en cadena de custodia fue una responsabilidad que asumimos con absoluta seriedad.
Si hoy se alega que esa información no existe o no tiene valor, hay solo dos explicaciones: o se está mintiendo deliberadamente, o alguien la ha hecho desaparecer. Ambas alternativas son gravísimas y demuestran la ruptura institucional en la administración de justicia.
¿Qué ocurrió con la investigación después de su salida?: Se desmontó. La narrativa cambió por completo: se pasó de investigar a las redes de corrupción, a perseguir a quienes las expusimos. Las líneas de investigación fueron abandonadas o desviadas, se minimizaron los hallazgos, se ignoraron las pruebas y se premió a los implicados con medidas que redujeron o extinguieron su responsabilidad penal. El caso Odebrecht, que pudo ser un ejemplo regional de justicia transicional, fue convertido en un monumento a la impunidad.
¿Qué sintió al saber que Baldizón y Sinibaldi fueron beneficiados judicialmente?: Sentí una mezcla de frustración e indignación, pero también reafirmé que hicimos lo correcto. Ver cómo el sistema premia a quienes saquearon el país y castiga a quienes los investigamos, no es solo una tragedia jurídica, es una herida moral para la sociedad guatemalteca. El mensaje que se transmite es devastador: que la corrupción no solo es tolerada, sino incluso recompensada. Pero también creo que la memoria y la verdad no se sepultan con resoluciones judiciales complacientes. Tarde o temprano, la historia exigirá cuentas.
¿Por qué cree que se persigue a Iván Velásquez y a Luz Camargo?: Porque representaron integridad, coherencia y valentía en la lucha contra la impunidad. Su persecución no tiene motivación legal, sino una carga simbólica: buscan destruir el legado de la CICIG y silenciar cualquier intento de replicar una fiscalía independiente.
Perseguir al hoy ministro de Defensa de Colombia y a su fiscal general es una advertencia para toda la región. Es el mensaje de los corruptos a quienes se atreven a enfrentarlos: “si te metes con nosotros, pagarás el precio”. Pero el costo más alto lo pagan los pueblos que ven cómo se desvanece la justicia.
¿Considera que esto es obstrucción a la justicia?: No tengo dudas. Se desmantelaron casos, se desestimaron pruebas, se persiguió a jueces y fiscales, y se criminalizó a quienes buscaron justicia. Esa no es una simple omisión: es una estrategia sistemática de obstrucción de la justicia. La intención ha sido clara: proteger a los poderosos, revertir las investigaciones y generar impunidad. Eso no solo debilita al sistema penal, sino que rompe el contrato social más básico: el que garantiza que todos somos iguales ante la ley.
¿Cuántas causas ha abierto el MP en su contra?:Actualmente, existen más de 100 causas penales abiertas en mi contra, según la información a la que he tenido acceso. De esas, al menos en siete se han emitido órdenes de aprehensión, todas carentes de sustento jurídico legítimo y motivadas por intereses políticos. No se trata de un esfuerzo genuino por investigar delitos, sino de una estrategia sistemática de criminalización y persecución, dirigida a silenciar a quienes investigamos estructuras de corrupción enquistadas en el poder. Cada expediente, cada orden, cada intento de captura forma parte de un patrón de represalia, no de justicia.
Pese a ello, no me arrepiento. Ejercí mi función con integridad, en cumplimiento del mandato legal y con la convicción de que el servicio público exige valentía. Si el costo de combatir la impunidad es el exilio y la persecución, lo asumo con la frente en alto.