El movimiento ciudadano no cesa. El malestar es muy grande y continúa, a pesar de que se han dado algunos logros, entre ellos el más destacado, sin duda, la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, la 2, que tuvo que irse en medio de una intensa ola de repudio como jamás se había visto en contra de un vicemandatario en el país.
Pero eso no fue suficiente, ya que el clamor popular es por la depuración de la clase política y que en la administración pública se impongan procedimientos de transparencia que eviten que la corrupción siga campante, haciendo millonarios a funcionarios y empresarios, que hacen negocios con el Estado.
Una parte de esa depuración estará en manos de la población en las próximas elecciones, pero no es tarea fácil, porque el sistema político y la Ley Electoral apañan a los mafiosos. Por eso cabe esperar que continúe la intervención de la CICIG, no solo desvelando más casos de corrupción –al estilo La Línea e IGSS–, sino también engrosando la lista de nefastos diputados que no debieran ser reelectos bajo ninguna circunstancia.
En 1993, la forma de limpiar el Congreso fue hacer una reforma constitucional y cambiar los llamados diputados depurables. Las condiciones hoy son diferentes. Ya que no se puede hacer una reforma constitucional, pues estamos en medio de un proceso electoral que tiene reglas de juego que no se pueden cambiar, por más que todos quisiéramos que se hiciera. Al menos no, sin violentar el orden constitucional.
Entonces hay que utilizar las leyes vigentes. Pero resulta que hay ciertos mecanismos que podrían ayudar a la depuración. Por ejemplo, la apertura de procesos judiciales a candidatos –ya queda poco tiempo para usar esta herramienta–, el rechazo de candidaturas de aspirantes que no llenan los requisitos estrictamente a cabalidad –la idoneidad, honorabilidad, etcétera–, o castigar a los partidos que han violado la Ley Electoral, que son los mismos que la proclaman.
Nada de todo esto es fácil, pues requiere determinación de las autoridades del TSE, el MP y la CICIG. Pedro Muadi, Baudilio Hichos y Gudy Rivera, los diputados que enfrentan procesos de antejuicio, son apenas ejemplo cada uno de la forma en que la mayoría de diputados actúa. De los Gobiernos militares se heredó el concepto del doblete que se pagaba a los legisladores. Después de aquella depuración se buscaron nuevos mecanismos y llegaron las ONG que introdujo Arzú, las cuales se utilizan para el reparto de obras, que más adelante, en tiempo de Berger, se sofisticaron con el tristemente célebre Pacur –que Prensa Libre descubrió en su oportunidad como un medio de corromper a diputados–.
Así fueron cambiando las cosas. Como el Congreso siempre ha sido malo –esa es la verdad–, los diputados ni siquiera se pueden subir sueldo, porque no hay justificación. Entonces, las directivas encontraron que otro mecanismo para mantener untados a los parlamentarios, era el de los sobresueldos escondidos, además, eso sí, de la distribución de obras, más lo que cobran por su voto, según la ley a aprobar. ¿Cómo subirse sueldo? Pues muy sencillo, permitiendo que tuvieran un número de plazas de asistentes, ujieres, asesores, secretarias(os) y más, según su rango, peso político y, por supuesto, su nivel de sumisión a la famosa clase política, de la que tanto hemos escrito en este espacio.
Las juntas directivas promueven esta práctica. No es nueva. Si la CICIG tuviera el tiempo suficiente –dos años no alcanzarían–, podría descubrir que los famosos Q80 millones que se perdieron bajo la presidencia de Eduardo Meyer no son nada, comparado con lo que se han embolsado de manera ilegal los diputados en su generalidad, aunque no en su totalidad –al menos eso es lo que quiero pensar–.
Veamos: primero fue La Línea (SAT), luego el IGSS, siguió Gobernación y, seguramente, hay mucho más en el Ejecutivo. Ahora está la mano de la CICIG en el Congreso, ¡y ojalá en el financiamiento de los partidos políticos! Pero la resistencia del sistema corrupto es fuerte. Por ejemplo, en el Organismo Judicial ni siquiera se ha abierto investigación contra la magistrada Blanca Stalling, sin duda cabeza o parte de una mafia familiar, como se ha podido comprobar públicamente.
Por otro lado, ¿por qué no se hace una depuración –auténtica– de las empresas que hacen negocio con el Estado? Ni siquiera se toman la molestia de ver cuáles son las que existen únicamente en papel (empresas de cartón), que representan los intereses de políticos y/o empresarios corruptos, y que, curiosamente, son las que ganan cientos de millones de quetzales en concursos viciados.
Falta mucho por hacer, sin duda. Lo importante es que no se ha detenido el esfuerzo por lograr transparencia en las instituciones del Estado. Lo bueno es que la CICIG ha seguido trabajando y el MP está recobrando su independencia. Falta ver que el OJ trabaje para su autodepuración y que más diputados caigan, por ser parte de ese sistema nefasto. Lo que hay que aportar, es el esfuerzo ciudadano por contribuir a la depuración.
Y el presidente Otto Pérez, en medio de su lucha por evitar el antejuicio, debiera, al menos, cambiar drásticamente el rumbo de su administración y ceder al clamor popular por la transparencia auténtica en los meses que quedan de su administración.