Por segunda ocasión, el vicepresidente Guillermo Castillo sostuvo una reunión con el titular de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Juan Francisco Sandoval, en su despacho.
En dicho encuentro, según el funcionario, se analizaron expedientes relacionados con Extinción de Dominio y remarcó su confianza en la dependencia que lidera Sandoval.
Además de informar sobre la reunión, el vicemandatario agregó el mensaje: “Hoy muchos se sienten poderosos. Nada es para siempre. La factura llegará tarde o temprano. La fe en FECI la tenemos muchas personas”, se lee. Por su lado, Sandoval expresó en Twitter “un gusto compartir y conversar sobre temas de beneficio para la ciudadanía”.
Esta no es la primera vez que el Vicepresidente menciona estas palabras, haciendo referencia a que los funcionarios políticos deben responder ante sus acciones y no deben estar involucrados en actos de corrupción.
Anteriormente lo mencionó cuando cuestionó el nepotismo y la tardanza y opacidad en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y de otras compras del Ministerio de Salud.
“Este es un gran país. Lo hemos dicho muchas veces. Lleno de gente formidable, luchadora, emprendedora. Como ciudadanos nos merecemos una Guatemala diferente. Más que al Presidente, ruego al Consejo de Ministros reaccionar. Nada es para siempre. La factura llegará tarde o temprano”, señaló en ese entonces el vicemandatario.
De la misma manera, Sandoval expresó que es “un gusto compartir” con el Vicepresidente y poder “conversar sobre temas de beneficio para la ciudadanía”.
La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) entregó entre marzo y abril de este año, 26 bienes a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para su administración.
La Ley de Extinción de Dominio tiene por objeto regular la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de estos, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado, y su respectivo procedimiento.
Se oficializó mediante el Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala y publicada en el Diario de Centro América, el 29 de diciembre de 2010. Consta de 76 artículos y entró en vigencia el 29 de junio del 2011.