- Se inicia un movimiento de protestas bajo «Paro Nacional 24J», que reporta manifestaciones en contra de las acciones ilegales que lleva a cabo el MP para impedir la segunda vuelta electoral
Miles de guatemaltecos salieron a las calles el lunes, en medio de un ambiente de convulsión electoral que dura casi un mes, para exigir que se respete la democracia del país tras las actuaciones fiscales y judiciales contra el partido Semilla, que mantiene la denuncia en contra del juez Fredy Orellana, cuyo retiro de inmunidad ha solicitado el propio partido político acosado.
La protesta rechaza la judicialización del proceso electoral, ante los intentos de la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci) de suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, cuyo líder, Bernardo Arévalo, disputará la presidencia del país el 20 de agosto ante la candidata Sandra Torres, vinculada con la aliaza oficialista que controla todo el sector justicia.
Desde la mañana del lunes varios grupos de médicos, estudiantes, trabajadores o activistas están recorriendo la zona uno de la capital guatemalteca portando cárteles de protestas en forma pacífica. Los manifestantes anunciaron que se concentraron frente a la sede del MP para mostrar su descontento con sus actuaciones y las de las cortes del país que, según consideran, están poniendo en riesgo la frágil democracia de Guatemala.
Una de las exigencias más repetidas en las protestas que se han suscitado luego de las elecciones del 25 de junio es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por considerar que es ella la que lidera la judicialización del Movimiento Semilla.
📢 «Pueblo que escucha: únete a la lucha», gritan estudiantes en marcha pacífica rumbo al @MPGuatemala. #ParoNacional24J
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— Ocote (@AgenciaOcote) July 24, 2023
El rechazo también se dirigió contra el gobierno y el presidente. “Mitómano, corrupto, mediocre y saqueador, Alejandro Giammattei; está interferiendo en el proceso electoral, junto con Miguel Martínez [amigo íntimo del presidente y ex funcionario de gobierno], junto con su fiscal y amiga, la fiscal de la impunidad Consuelo Porras”, protestó Sergio Morataya uno de los manifestantes.
El Ministerio Público inició una investigación y en las dos últimas semanas el juez Fredy Orellana ordenó allanar dos veces el Tribunal Supremo Electoral y emitió una orden de detención contra la autoridad que está encargada del mismo, pese a los amparos provisionales concedidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con alguna ambigüedad, la CC dijo que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no se puede suspender la personería de una organización política mientras se esté realizando el proceso electoral, pero dejó abierta la vía para que la Fiscalía siga con una investigación penal contra miembros del partidos.
A pesar de la resolución de la CC, el juez Orellana ordenó la aprehensión de una funcionaria del TSE por no ejecutar su orden judicial. El partido político ha pedido separar al magistrado al considerar que ha quedado expuesto su interés y parcialidad en el caso, pero éste se ha negado a apartarse.
El caso se encuentra en el Organismo Judicial, pero ya se ha inhibido una jueza de conocer la petición para que se le retire la inmunidad y ahora la Corte Suprema de Justicia (CSJ-oficialista), debe resolver si otro juez conoce la solicitud de Semilla, aunque se da por descartado que se protegerá al juzgador, a pesar de la evidente ilegalidad de sus resoluciones.
Bajo la lupa de EEUU
Porras y Curruchiche fueron sancionados en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción. Orellana fue incluido en la lista de sancionados en julio de 2023.
Este mismo lunes, a través de un alto funcionario, Estados Unidos remarcó a Guatemala la trascendencia de permitir que se celebre una segunda vuelta electoral sin interferencia.
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Arévalo se disputará la presidencia con la derechista Sandra Torres, según anunció el 12 de julio el TSE, ya que la ley guatemalteca estipula que si nadie alcanza el 50 % de los votos, habrá balotaje entre los dos candidatos más votados. Ninguno de los 22 binomios obtuvo mayoría suficiente para ganar en una sola vuelta.
El tribunal tardó 17 días en hacer oficial el resultado de las elecciones, debido a recursos legales presentados por los partidos perdedores y que fueron aceptados por la Corte de Constitucionalidad. Esta autorizó que se hiciera una segunda revisión de las actas que recogieron los votos, que terminó finalmente con la constatación por parte del TSE de que no hubo cambios significativos que modificaran los resultados obtenidos.
Ese mismo 12 de julio, una hora antes de que el TSE anunciara oficialmente quienes iban al balotaje, el fiscal Curruchiche anunció en un video que iniciaba acciones penales contra Semilla, por hechos ocurridos en 2017 y 2018.
Unos 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas el próximo 20 de agosto para elegir presidente.
(Con información de la VOA)