El escándalo de los Panama Papers ha generado suspicacias de que más países de la región pudieran ser un paraíso fiscal, donde se esconda riqueza mal habida, y en el caso de Guatemala, aunque no aparece en una lista negra, sí sigue manteniendo el secreto bancario que pone en duda la transparencia y la equidad fiscal.
Elder Interiano
A pesar de la desarticulación de redes del contrabando como La Línea, por el que están siendo procesados el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otra decena de personas que supuestamente integraban la estructura; se mantiene un riesgo latente de que en el territorio nacional se realice lavado de dinero y evasión fiscal, a criterio de algunos analistas.
Esta situación mantiene a Guatemala en un estancamiento en el nivel de confianza de riesgo país, ya que a la fecha no se han cumplido con todos los requisitos que demuestren con hechos, que existe una lucha conjunta en la transparencia fiscal, por lo menos eso es lo que considera el ente rector a nivel mundial; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios.
Falta el marco legal
El Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, indica que Guatemala no se encuentra en ninguna lista de paraísos fiscales —salió de una lista gris en 2012—, pero sí se encuentra en una lista de jurisdicciones no cooperantes de Francia.
Agrega que durante una evaluación del Foro Global en el 2011, sobre el marco legal para el intercambio de información, se estableció que Guatemala tenía deficiencias en cuatro elementos de nueve analizados, siendo el principal la falta de acceso de la Administración Tributaria a la información bancaria y financiera —conocida como secreto bancario—; lo cual no se ha logrado hasta la fecha.
El principal problema es que la SAT no cuenta con acceso a información bancaria y financiera para fines tributarios. Debido a ello nuestro país será colocado en la lista de países que incumplen los estándares de transparencia e intercambio de información para fines tributarios, lo cual ocurrirá a finales del 2016, explica Solórzano.
Guatemala informó al Foro Global que desde el 2013 fue presentada al Congreso de la República la iniciativa 4537, que busca la aprobación de esas reformas legales, las cuales están incluidas en el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la SAT. Sin embargo, este tipo de iniciativas no han tenido avances en el Legislativo.
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, opina que los llamados Panama Papers movieron las aguas en el tema fiscal, por lo cual es posible que el Foro Global regrese otra vez la lista negra o gris, para clasificar a los países que son considerados paraísos fiscales, o los que no hacen los suficientes esfuerzos para promover la transparencia en el tema.
Explica que, en el caso de Guatemala, el problema sigue siendo que la SAT no tenga acceso a la información bancaria, pero que ese asunto le compete exclusivamente al Congreso.
Si Guatemala logra tener acceso a información bancaria para fines tributarios, no veo problema en que el país caiga otra vez en una de las listas. El problema ha sido que esto no les conviene a algunos empresarios y eso también les afecta a los diputados, que en algunos casos son representantes de ellos, o les afectaría fiscalmente a ellos mismos, añade el analista del Icefi.
Por otra parte, para otros dirigentes como Helmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (Congcoop), se deberían implementar otros mecanismos para evitar que el país se convierta en un paraíso fiscal; como grabar los capitales especulativos, que simplemente llegan al país a medrar con operaciones financieras, muchas de ellas sustentadas por empresas de cartón.
Ante el caso de los Papeles de Panamá, Velásquez considera: Guatemala es desde hace años una plaza en donde campean capitales especulativos de origen negro, es decir, capitales de origen mafioso, y se ha señalado a la Banca Guatemalteca de prestarse a aquellas tareas poco ortodoxas. La tarea y voluntad de aprobar la iniciativa la tiene nuevamente el Legislativo, un organismo cuestionado por su falta de transparencia y revanchismo político, empero, sino lo hace, el experto del Icefi teme que le podrían imponer graves sanciones al país, como dejar de hacer negocios por parte de algunas potencias y otras medidas que bloquearían la inversión y los flujos internacionales de dinero.