El laberinto es un lugar que se forma o construye para confundir a quien se adentre en él. En el caso de Guatemala, dentro del laberinto hay dos personajes, el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, que buscan el mismo fin…
Análisis Crónica
La pregunta del millón: ¿Quién logrará su objetivo?
El presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras llevan casi 18 meses de confrontación pública y abierta, aunque la guerra se intensificó a finales del 2023, cuando el Ministerio Público promovió lo que se llamó en su momento un golpe de estado judicial para impedir el cambio de Gobierno, aunque el objetivo terminó frustrado por la presión social y de la comunidad internacional.
Aunque la Constitución da potestad al presidente para destituir a la fiscal general –artículo 251– el mandatario ha sido cauto, y ha sostenido una serie de enfrentamientos públicos con la fiscal general, pero si lograr nada concreto y su esfuerzo por modificar la Ley del Ministerio Público (MP), ha resultado infructuoso, a pesar de que para otras leyes cuenta con una alianza poderosa de diputados.
Lo que dice la Constitución:
Artículo 251: El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. (…) El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida.
El MP, por medio de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, abandonó desde julio de 2021 la lucha anticorrupción, para centrarse en la persecución de aquellos a los que el régimen de Alejandro Giammattei consideraba opositores y, tras la primera vuelta electoral el 25 de junio, sus objetivos principales fueron: a) Acoso al TSE y proceso electoral; b) persecución a Arévalo y al partido Movimiento Semilla y; durante este año, c) acoso al mandatario y a su entorno en el Gobierno, sin ceder en los dos primeros.
Aferrada al cargo
Consuelo Porras llegó al cargopor decisión de Jimmy Morales en 2018 y durante dicho gobierno mantuvo un perfil que podría calificarse de normal. Sin embargo, con la llegada de Giammattei a la presidencia en 2020, las cosas empiezan a cambiar, por las constantes denuncias sobre casos de corrupción que la fiscalía pretendía ignorar, a pesar de lo abultado de muchos de ellos.
El mejor ejemplo fue la compra de las vacunas rusas Sputnik V, que terminaron por dejar pérdidas al Estado por más de Q400 millones –por vacunas vencidas–, además de los indicios claros de que se hizo un contrato oneroso para Guatemala. Además, la sanción de Estados Unidos a Miguel Martínez, pareja de Giammattei, por haber recibido sobornos para que se diera la compra de 8 millones de dosis de vacunas.
Cuando trascendió que el fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, investigaba ese caso y sobre la visita de una misteriosa delegación rusa que se entrevistó con Giammattei en la oscuridad de la noche en su residencia de la zona 15, supuestamente para entregar un millonario soborno, la fiscal general, decidió sacar al Sandoval e inició contra él una feroz persecución que le llevó al exilio.
Aparentemente llegó la recompensa con su reelección en mayo de 2022, cuando se produce una postulación muy cuestionada y se incluye a Porras en la lista de precandidatos y el presidente la reelige, a pesar de la oposición de diversos sectores pro justicia y la comunidad internacional.
Bajo la directriz de Giammattei, el MP termina la lucha anticorrupción y principia una batalla para llevar a la cárcel a periodistas –encabezados por José Rubén Zamora– y decenas de exjueces y exfiscales que persiguieron casos de corrupción, mientras se debilitaba todo el andamiaje de los casos más emblemáticos, descubiertos por la CICIG y la FECI.
Estas acciones del MP, que el departamento de Estado de Estados Unidos y otros gobiernos – principalmente de Europa y Canadá–, calificaron de “corruptas y antidemocráticas”, sirvieron para que Porras, Curruchiche y otros fiscales que llevaron estos casos, fueran incluido en la Lista Engel y se les retirara el ingreso a varios países. En el caso de la fiscal general, no puede viajar a cerca de 30 países por esta razón.
Arévalo le pidió en enero la renuncia a Porras, pero esta respondió negativamente y rechazó tener una reunión cara a cara con el mandatario y su Gabinete de ministros, pero sí intensificó las acciones en contra del gobierno de Semilla, partido al que mantiene suspendido por órdenes espurias de su mejor aliado, el juez Fredy Orellana, quien incluso, en contra de lo que manda la Constitución, ordenó recientemente la cancelación de la organización al TSE.
La prudencia presidencial
El presidente Arévalo ha sido muy democrático en la búsqueda de una fórmula para sacar a Porras del MP, aunque muchos de quienes votaron por él recuerdan que, en segunda vuelta, una de sus promesas de campaña es que sacaría a la fiscal general del cargo, para poder librar la anunciada lucha anticorrupción, que fue lo que hizo que ganara las elecciones presidenciales en segunda vuelta.
Tras los frustrados intentos de enero y febrero por salir de la fiscal general, y tras la última arremetida de la fiscalía contra Semilla, Arévalo parece estar trabajando en un entramado para salir él del laberinto y quitarse de encima a Consuelo Porras. Esta vez la cita a un Gabinete especial y la propia ley del MP la obliga a asistir.
Todo indica que lo que se hará es crear un expediente de las faltas que dan la famosa causa justificada: incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia –no se han investigado ninguna de las más de cien denuncias de corrupción presentadas por el Gobierno ante el MP. Además, la persecución contra periodistas y la repetición de patrones en los casos de aquellos a quienes acosa penalmente, porque se consideraban opositores al gobierno de Giammattei.
- En efecto, en los casos contra periodistas y exoperadores el MP repite estos patrones, y lo mismo quisiera hacer con los magistrados del TSE: 1: Acumulación de denuncias;
- 2: Denuncias anónimas o infundadas;
- 3: Imputar delitos inexistentes;
- 4: Abuso en aplicación de medidas cautelares:
- 5: Irrespeto al debido proceso.
En varias ocasiones Arévalo ha destacadoque él lucha porque se ejecuten mecanismos legales para remover del cargo a Consuelo Porras, e incluso ha pedido a la CC una la opinión consultiva sobre la honorabilidad de la funcionaria para estar en el cargo. No hay que olvidar que el edificio del MP se mantuvo por varios meses rodeado por organizaciones sociales, especialmente indígenas, por considerar que la fiscal debe dejar el cargo.
Autoridades han mencionado que Consuelo Porras no está comprometida con la lucha con la corrupción y que además ha consentido el intento de ruptura del orden constitucional del régimen político electoral de Guatemala, un atentado contra la democracia y la voz del pueblo.
En una entrevista con un medio internacional, el presidente Arévalo mencionó que el Ministerio Público no ha cesado sus intentos de agresión para revertir los resultados electorales, violando los principios democráticos del país.
Escenarios
El primer escenario es que Arévalo ponga en evidencia a Porras en la junta del Gabinete especial y muestre que hay causa justificada y proceda a la destitución de la fiscal general, quien seguramente interpondrá un amparo, con el fin de que sea la Corte de Constitucionalidad (CC), que considera afín a ella, la que decida si hay legalidad en el procedimiento o no.
Esto significaría que habría un choque de trenes entre el Ejecutivo y los poderes del sistema de justicia. Eso haría que en el laberinto hubiera otros actores –la CC– y el desenlace es complejo.
El segundo escenario es que consuelo Porras vuelva a dejar plantado al mandatario, lo que podría ser considerado como falta grave. Cualquier decisión de Arévalo podría llegar igualmente a la CC. Hay analistas que dicen que todos los caminos llevan a la 9 avenida, en alusión a la ubicación del edificio de la máxima corte del país.
El tercer escenario es que se mantenga el statu quo y que ambos funcionarios permanezcan con movimientos dentro del laberinto, los dos actuando ofensiva y defensivamente, hasta llegar a mayo del 2026, cuando vence el período de la fiscal general y Arévalo pueda nombrar a su sucesor(a).
En este último, hay que tomar en cuenta que se mantiene el manto de impunidad sobre todo lo sucedido durante el gobierno de Giammattei, uno de los más corruptos desde que se inició el nuevo período democrático en 1986.
Arévalo sobre Porras
El presidente Bernardo Arévalo ha sido claro en sus señalamientos sobre Consuelo Porras, a quien considera como defensora de la corrupción, y un freno en la lucha anticorrupción que él pretende llevar a cabo.
Frases del gobernante
1. Acusa a la fiscal general de orquestar un intento de golpe de Estado judicial para evitar que asumiera la presidencia, señalando que es parte de una estrategia para socavar la democracia en Guatemala.
2. Afirma que la fiscal Porras encabeza un Ministerio Público politizado que se dedica a la represión y el chantaje, y su permanencia perjudica el avance institucional del país.
3. Reitera que pediría la renuncia de Porras tan pronto como asumiera el cargo, indicando que su continuidad obstaculiza la lucha contra la corrupción.
4. Señala que las actuaciones del Ministerio Público bajo el liderazgo de Porras representan una amenaza al Estado de derecho y a la independencia judicial
5. Propone una rendición de cuentas exhaustiva para Porras, destacando la necesidad de despolitizar las instituciones encargadas de justicia
La acusación de mayor impacto, es cuando dice que la fiscal general se niega a investigar todos los casos de corrupción de los gobiernos anteriores por intereses espurios.
Porras… ¡responde!
La fiscal general Consuelo Porras no se ha quedado en silencio frente a los señalamientos que hace Bernardo Arévalo en su contra, ubicándola como protectora del llamado pacto de corruptos.
La funcionaria ha dedicado mensajes largos y completos para referirse al presidente, a quien le ha dicho: mejor póngase a trabajar, luego de que Arévalo la denunciara, también en un mensaje público, por la falta de resultados de las más de 100 denuncias que el Gobierno ha presentado sobre actos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Esta ha sido la postura de Porras:
1. Ha defendido las actuaciones del Ministerio Público, alegando que las investigaciones en curso son legítimas y no responden a presiones políticas, pese a las críticas de organismos internacionales.
2. Afirma que su mandato está enfocado en garantizar el cumplimiento de la ley y no responde a intereses particulares ni a presiones del Ejecutivo.
3. Indica que las acusaciones de Arévalo sobre un supuesto golpe de Estado carecen de fundamento y constituyen un ataque a la autonomía del Ministerio Público.
4. Sostiene que el Ministerio Público actúa en el marco de la ley, y niega que sus acciones tengan un trasfondo político contra el Gobierno.
5. Manifiesta que el respeto mutuo entre las instituciones del Estado es fundamental y continuaré con mi trabajo independiente, respondiendo ante Dios.