Nuestro país ocupa el puesto 109 de 139 países calificados. El punteo es de 44 sobre 100 posibles
Guatemala mantiene una calificación baja (44/100) en el Índice del Estado de Derecho, y en el último año se redujo 1.2% en comparación con los resultados de 2020, según el el Word Justice Project (WJP) (Proyecto de Justicia Mundial), que realiza encuestas en 139 países para determinar el funcionamiento de la justicia.
Mientras en Guatemala se debate sobre la falta de independencia de las cortes, jueces, magistrados y Ministerio Público, este informe confirma que la situación sigue siendo crítica y que el deterioro es constante.
El puntaje de Guatemala lo ubica en la posición 26 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe. En la región, el país con el puntaje más alto es Uruguay (en el lugar 25 de 139 países), seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua, Haití y la República Bolivariana de Venezuela (en el lugar 139 de 139 países).
El Índice de Estado de Derecho del WJP es un reporte anual basado en encuestas a más de 138,000 hogares y 4,200 especialistas alrededor del mundo. El WJP incluye ocho factores en su medición del Estado de Derecho: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
Los aspectos en los que Guatemala tiene peor calificación son corrupción (puesto 114 de 139), orden y seguridad (123), justicia civil (134) y justicia penal (127).
El departamento de Estado de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la falta de independencia de los operadores de justicia y ha incluido en la Lista Engel, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y a la fiscal general, Consuelo Porras, entre otros personajes cuestionados.
El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales e independientes sobre el Estado de Derecho en el mundo, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de
Derecho en situaciones prácticas y cotidianas. El Índice ofrece información oportuna y confiable para legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales del derecho, entre otros.