Al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país centroamericano, afirmó el pasado miércoles el exfuncionario del Ministerio Público Juan Francisco Sandoval.
El abogado, líder de la lucha anticorrupción entre 2014 y 2019 en Guatemala, dijo en una entrevista a medios internacionales que el motivo del exilio se debe a la «persecución» en contra de los fiscales anticorrupción por parte de la jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras.
Sandoval recordó que tuvo que salir al exilio en julio de 2021 tras ser removido de su cargo por la misma Porras, quien lo acusó de supuestos «vejámenes» en su contra.
La mencionada decisión de Porras provocó que Estados Unidos la sancionara en septiembre de 2021 con la remoción de su visa y el impedimento de visitar la nación norteamericana, acusada de «obstruir» la justicia en casos de alto impacto.
Sandoval dijo en julio, antes de salir de Guatemala, que investigaba un presunto caso millonario de corrupción del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, con ciudadanos rusos por la licitación de un puerto, cuando fue removido de su cargo.
Además de Sandoval, también se encuentran en Estados Unidos exiliados la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana (2014-2018) y el fiscal Andrei González, entre otros, quienes de igual forma protagonizaron la lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2018.
Sin embargo, en la última semana el Ministerio Público bajo el mando de Porras ordenó la captura de seis fiscales anticorrupción en dos casos distintos, uno de ellos «bajo reserva» por lo que no se tiene información pública. En el otro caso, los fiscales están acusados de supuestamente coaccionar a un testigo.
Tanto Estados Unidos como el Reino Unido expresaron este miércoles su «preocupación» por las detenciones de fiscales ordenadas por el Ministerio Público que lidera Porras.
La embajada del Reino Unido en Guatemala detalló en un comunicado que su preocupación nace de la detención el pasado 10 de febrero de dos exfuncionarias de la Cicig.
La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.
Sandoval fue uno de los líderes de la investigación que en 2015 obligó al presidente de Guatemala en aquel momento, Otto Pérez Molina, a renunciar para enfrentar cargos por millonarios sobornos en el ente recaudador de impuestos.