Guardias indígenas provenientes de una región azotada por la violencia financiada por el narcotráfico se sumaron este jueves a las protestas que estallaron hace una semana contra el gobierno de Iván Duque y que han movilizado a cientos de miles de personas.
«En nombre de los guardias indígenas asesinados en el Cauca (suroeste), en el Chocó (noroeste), en Nariño (suroeste), vamos a rendir este homenaje de reencuentro (…) con los que están luchando en las ciudades», dijo en rueda de prensa la consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aída Quilcué.
Armados con sus tradicionales bastones, una delegación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) viajó desde ese departamento para adherirse al llamado paro nacional.
«Venimos a hacer un trabajo político con las organizaciones, con las universidades que en este momento se están movilizando (…) con el fin de que podamos trazar una agenda de trabajo» ampliada, agregó Ferley Quintero, también consejero de la ONIC.
Con un poder de convocatoria mucho menor que en Bolivia o Ecuador, los indígenas colombianos habían protestado principalmente en las ciudades de Cali y Popayán (suroeste).
A su llegada a Bogotá, hombres y mujeres entonaron un himno de la ONIC, principal organización indígena del país que agrupa a entidades regionales como el CRIC.
«Pa’ delante compañero, dispuestos a resistir, a defender nuestros derechos, así nos toque morir», corearon.
Los indígenas exigen protección frente al asesinato de 134 comuneros desde que asumió Duque en agosto de 2018, y la implementación integral del acuerdo de paz firmado con la disuelta guerrilla FARC en 2016.
Al menos 10 de ellos murieron a manos de disidentes que se apartaron del proceso de paz en la región del Cauca, donde varios grupos armados se disputan el control de narcocultivos.
Presionado por las movilizaciones, Duque ha convocado a un «diálogo social» para escuchar los reclamos, pero no se ha referido de momento a las reivindicaciones indígenas.
En marzo, los nativos bloquearon durante semanas una de las principales autopistas del suroeste del país en protesta por el incumplimiento de convenios asumidos por gobiernos anteriores al de Duque.