Camilo Castro estaba laborando en los campos de la comunidad miskita de Sagnilaya, en el Caribe norte nicaragüense, cuando cinco personas armadas con pistolas y escopetas salieron del bosque y lo encañonaron.
«Estaba aporreando arroz cuando mi hija me dijo que los ‘colonos’ nos estaban rodeando. Cuando levanté la cabeza, vi que ya me tenían encañonado», cuenta Castro, un pastor indígena de la iglesia Morava, la más influyente del Caribe.
Los miskitos acusan a los «colonos», hombres que se juntan en pequeños grupos y van por el Caribe en mulas o a pie, como si fueran pistoleros del viejo oeste, de querer apropiarse de tierras indígenas.
Conflicto territorial
Según el pastor, considerado una autoridad en la comunidad, los «colonos» le pidieron que comunicara a los aldeanos su intención de negociar la repartición de los dominios de Sagnilaya, una comunidad ubicada al noreste de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma del Caribe Norte.
Propusieron que la comunidad se quedara con las tierras del llano, donde viven los indígenas, y que ellos ocuparían los campos de cultivos que los miskitos tienen al otro lado del caudaloso río Wawa.
Los aldeanos rechazaron la oferta y se declararon dispuestos a morir por sus tierras.
Los hombres armados advirtieron además que quieren la «cabeza» de varios indígenas, entre ellos Apolinar Taylor. «Si los encontramos, bien, si no, vamos a quemar sus fincas», amenazaron.
Queman ranchos
A mediados de septiembre, cuando pobladores de Sagnilaya trabajaban lejos de sus casas en los cultivos de arroz y musáceas al otro lado del río Wawa, donde tienen animales y ranchos que usan para dormir y guardar las cosechas y las herramientas, Taylor logró escapar de los «colonos» que lo buscaban.
«A mí me quieren matar porque ando defendiendo la tierra», explicó preocupado Taylor, de 60 años.
Los «colonos» secuestraron por varias horas a dos indígenas y quemaron el rancho de Taylor y de otros cuatro miskitos.
«Venían de frente con dos armas. Eran diez los que me agarraron, me botaron boca abajo y me amarraron», narró a la AFP Salvador Hernández, uno de los secuestrados, a quien dejaron libre bajo amenaza.
Ahora «tengo miedo de ir de nuevo a la finca porque me tienen amenazado. Yo sin armas y ellos armados. Me quemaron la casa con 30 quintales de arroz que estaban recién aporreados. ¿Qué voy a hacer ahora, qué les voy a dar de comer a mis hijos?», se quejó.
¿Quiénes son los colonos?
Sagnilaya es una de las 350 aldeas de la etnia miskitas, la más numerosa del Caribe nicaragüense. Los nativos conservan su lengua y formas ancestrales de organización, con el reconocimiento del gobierno.
El ataque a los aldeanos causó temor en esta pequeña comunidad de poco más de 1,000 habitantes que depende de sus cultivos para vivir.
Una patrulla de policías miskitos visitó la aldea y se internó a pie en el bosque junto con algunos indígenas para investigar la denuncia.
Tras 10 horas de caminata, al anochecer, los policías regresaron a la aldea con uno de los atacantes capturado, dijo Taylor, quien participó en la misión.
Los nativos acusan a los «colonos» de hacer negocio con sus tierras, otros dicen que son remanentes de antiguos grupos armados o patrocinados por ganaderos mestizos que buscan asentarse en las ricas tierras del Caribe.
El gobierno regional afirma que en el caso de Sagnilaya, el problema es causado por grupos de excombatientes Yatama, rebeldes indígenas que lucharon contra la Revolución Sandinista y que ahora se dedican a arrendar ilegalmente las tierras de los pobladores.
«Eso ha afectado a los comunitarios porque en las mismas parcelas donde ellos siembran, es donde han hecho estos arrendamientos» de tierras, explicó el director ejecutivo del gobierno regional del Caribe Norte, Rigoberto González.
El sacerdote de la aldea, Agustín Ocampo, dijo a la AFP que los bandidos reclaman 1,125 hectáreas de tierra que un indígena supuestamente les vendió.
En 1987, entró en vigor en Nicaragua la ley de autonomía que reconoce los derechos de las comunidades miskitas, mayangnas, garífunas y afrodescendientes del Caribe.
Si bien la ley prohíbe vender y arrendar estas tierras, «desde hace 10 años para acá, ciertos líderes comunitarios sin consultar a la comunidad han vendido» parcelas, admitió el sacerdote.
El gobierno ha demarcado y titulado más de 300.000 hectáreas de tierras indígenas en toda la Costa Caribe, dijo González, destacando la importancia de ello.