Héctor Tuy, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar.
La institucionalidad de las entidades encargadas de velar por el medio ambiente, dice el entrevistado, se ha debilitado en los últimos gobiernos y a ello se suma la corrupción e incapacidad para atender la problemática ambiental. Además, agrega, urge una política pública para el uso del agua y otra para el uso de suelos.
Sergio Del Aguila
Retos y desafíos
Nuestras vulnerabilidades se explican por los problemas ambientales como el agotamiento, la degradación y la contaminación ambiental. La vulnerabilidad desde la institucionalidad se observa en la corrupción y algunos niveles de incapacidad para atender esta problemática. Desde el punto de vista sistémico, no le corresponde únicamente al Ministerio de Ambiente la resolución, tienen que ser respuestas de país, porque no solo es el agua, bosque o áreas protegidas, sino que también es necesario recuperar el control de las zonas marino costeras y administrarlas para cumplir al menos cuatro objetivos estratégicos relacionados con la calidad ambiental, la recreación, la exigencia económica, el desarrollo social y la seguridad. La institucionalidad del ambiente y los recursos naturales se ha debilitado en los últimos tres gobiernos casi completamente, se ha desbaratado.
Urge combatir la deforestación
Es impostergable restaurar los espacios estratégicos que se siguen degradando, reducir a cero la tasa de deforestación creciente en áreas protegidas, pues en ambos casos, las altas tasas de incidencia deben ser combatidas con las acciones de autoridades forestales, fuerzas de seguridad y del Ministerio Público. Tan solo en deforestación de suelos, cada año se pierden 32 mil hectáreas de bosque por la impunidad ligada a la extracción de madera y leña que es de 32 millones de metros cúbicos anuales. Aquí lo que se espera es que las autoridades Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas amplíen sus controles, reduzcan el contrabando, pero particularmente que el Ministerio de Agricultura logre crear una política de manejo de suelos.
Sin política pública para uso del agua
En la temática del agua, lo que existe es un enfoque extractivo que debe ser cambiado y debe establecerse una política pública, porque se registra un consumo promedio anual de 20 mil millones de metros cúbicos de agua, y aunque es utilizado para la necesidad vital de personas y también se una para fines productivos, lo malo es que los esfuerzos de gestión para garantizar el almacenamiento, distribución y vitalidad de todos los elementos del ciclo hidrológico son mínimos. La economía devuelve al ambiente otros materiales transformados y contaminados, en cuanto al agua devuelve 10 mil millones de metros cúbicos residuales anuales, que son vertidos indiscriminadamente al agua y al suelo y a partir de allí se activa el riesgo de enfermedades que afectan a las comunidades más vulnerables.