- El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio Público de Consuelo Porras se atribuyen el logro de las recapturas de los reos fugados.
- Mientras, persiste la incertidumbr en torno al momento del cambio del ministro de Gobernación y el futuro de Francisco Jiménez.
Bajo un manto de tensión política y de seguridad, las autoridades guatemaltecas anunciaron la recaptura de otros dos de los 20 reos que se fugaron del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, lo que eleva el número de detenidos a tres. Con estas detenciones, el gobierno del Bernardo Arévalo y el Ministerio Público (MP) buscan mostrarse como artífices de un giro de vuelta al control, justo cuando la crisis en torno al sistema penitenciario sacudió los cimientos del gabinete de seguridad.
Con estos tres detenidos, las autoridades elevan a tres los recapturados de los 20 reos fugados. «Sus días en la calle están contados» dijo el presidente en redes sociales, indicando que «no descansaremos hasta que todos vuelvan a la cárcel».
El MP previamente ofreció una rueda de prendsa, en la que se atribuyó la investigación y éxito de la captura de los últimos dos fugados, localizados en un residencial de Huehuetenango.
Qué dijo el MP y qué anunció el gobierno
En conferencia de prensa, el MP informó que ha girado cuatro órdenes de captura contra exfuncionarios del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación (Mingob) a raíz de la fuga, señalando la existencia de una estructura criminal que actuó desde dentro del sistema penitenciario.  Además, la Fiscal Marylin Castillo señaló que están investigando el cúmulo de irregularidades —como cámaras manipuladas, ausencia de túneles aparentes, portones intactos— que indican cooperación interna para la evasión. 
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo, a través de un comunicado oficial de la agencia Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) y sus redes sociales, declaró:
«Confirmamos la recaptura de dos reos más, de Fraijanes II: Melcin Gabriel De León y Marlon Manolo Martínez Sincuir. No descansaremos hasta atrapar a los 17 restantes. Sepan ellos, y todo el pueblo digno de Guatemala, que sus días en la calle están contados y que los golpearemos con todo el peso de la Ley». 
En la misma línea, en días previos, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia había afirmado que el gobierno pone la máxima prioridad a la recaptura e investigación de los evadidos, considerándolo un asunto estratégico de seguridad pública. 
Antecedentes y crisis política que se desató
La fuga —confirmada por las autoridades el 12 de octubre de 2025— de 20 reos vinculados a la pandilla Barrio 18, desde Fraijanes II, un penal de máxima seguridad, desató un terremoto en la agenda de seguridad guatemalteca.  Este hecho no solo mostró fallas estructurales del sistema penitenciario —como posibles complicidades internas, manipulación de registros y falta de control en el perímetro— sino que también provocó una crisis de gobernabilidad: cuestionamientos al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, censura del sistema de inteligencia, presión del Congreso, e incluso amenazas de la embajada de EE. UU. según reportes. 
Muy importante: Jiménez presentó su renuncia, misma que fue aceptada por el presidente Arévalo, junto con la de dos viceministros. Pero la renuncia no se ha formalizado del todo, por lo que el ministro sigue en funciones y goza de inmunidad hasta el traspaso oficial del cargo.  Por tanto, el caso se ha convertido en escenario de gran interés político: una fuga masiva que impacta directamente al Ministerio de Gobernación, al Sistema Penitenciario y al Gobierno central.
Además, el MP ha girado órdenes de captura contra la ex-viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, y otros exfuncionarios de alto rango por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. 
¿Qué sigue? Inseguridad, ministerio vacante y riesgo institucional
Con sólo tres de los 20 prófugos recapturados —y 17 aún en libertad—, el panorama para el gobierno se torna complicado. La crisis de seguridad ha llevado al Ejecutivo a anunciar el cambio de ministro de Gobernación y a impulsar reformas al Sistema Penitenciario, además de reforzar la cooperación con EE. UU. para construir una nueva prisión de máxima seguridad. 
Al mismo tiempo, la situación legal del ministro Jiménez —mientras se encuentra en funciones y conserva inmunidad— plantea una paradoja: hasta que su sucesor no sea juramentado, no se le puede despojar fácilmente de esa inmunidad para procesarlo por posibles responsabilidades en la fuga. 
La combinación de una crisis penitenciaria, una fuga masiva de presos de alta peligrosidad, capturas parciales y un relevo ministerial pendiente, coloca al gobierno en una encrucijada: debe mostrar resultados concretos (más recapturas, rendición de cuentas) para apuntalar su legitimidad, mientras esquiva el desgaste político por las fallas de su sistema de seguridad.