- Nuevamente el tema de la lucha contra la corrupción en Guatemala salió a relucir en comentarios del portavoz del Departamento de Estado de EEUU.
El gobierno del presidente Alejandro Giammattei rechazó las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, de que Estados Unidos está alarmado por un continuo patrón de acciones contra jueces y fiscales que conocieron casos contra la corrupción y han denunciado persecución, misma preocupación que han mostrado varios países y numerosas organizaciones internacionales que velan por la independencia de la justicia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en un comunicado que rechazaba “enérgicamente” esas denuncias y “cualquier injerencia extranjera en los procesos internos de Guatemala”.
“La Constitución Política confiere exclusividad absoluta a los jueces para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”, agregó el documento que, curiosamente, no fue difundido en las redes sociales del ministerio ni en los canales gubernamentales.
También el Ministerio Público reaccionó a las palabras de Price.
“El mandato legal y constitucional de la institución es claro, y establece que es una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo el portavoz Juan Luis Pantaleón.
De ese modo, agregó, “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del departamento de Estado”.
Durante el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei al menos 30 operadores de justicia se han autoexiliado, denunciando criminalización en su contra.
El último de ellos ha sido el juez Miguel Ángel Gálvez, quien no recibió ningún apoyo institucional ante las amenazas y acoso recibidos. Además, la CC y la CSJ le han negado los amparos presentados en su defensa para garantizar el debido proceso en el caso de antejuicio que se le sigue. Ante una situación de indefensa y por el peligro a su integridad e incluso libertad, optó por salir del país.
Estados Unidos ha estado expresando su preocupación por la falta de avances en la lucha anticorrupción en Guatemala, al punto de llegar a acusar a la fiscal general, Consuelo Porras, de “minimizar” las investigaciones en ese ámbito.
En 2020, el Departamento de Estado sancionó a Porras por obstaculizar la lucha contra la corrupción y la incluyó en la Lista Engel, señalada como alguien «corrupta y antidemocrática».
Durante los últimos meses, Estados Unidos había disminuido el tono de sus criticas a la situación del país, pero la declaración de vocero del departamento de Estado ha provocado la reacción institucional de la llamada «alianza oficialista», que controla todo el sistema de justicia del país.
La respuesta de cancillería y MP contrasta con las actitudes asumidas por el presidente Alejandro Giammattei, quien ha ordenado que Guatemala sea una especie de «muro» para impedir la migración, ha censurado a Rusia por la invasión a Ucrania y manifestado su apoyo a Taiwán, como Nación independiente, tres políticas que apuntan a un intento por mejorar las tensas relaciones con Washington.