Bajo el débil argumento de las fuertes y constantes lluvias, el Gobierno decretó un Estado de Prevención que restringe garantías ciudadanas contempladas en la Constitución, entre ellas la libertad de locomoción, libertad de manifestación y libertad de expresión –de prensa–, lo cual provoca ya rechazo de redes sociales y de organizaciones y medios de prensa, sobre todo, porque también se libera la posibilidad de compras y contrataciones del Estado, en todo el territorio nacional, sin cumplir con la obligatoria licitación o cotización de los negocios.
Se trata del Decreto Gubernativo 5-2016, que fue publicado hoy en el Diario de Centroamérica y que para algunos analistas, tiene transfondo político por la serie de críticas hacia el Gobierno Jimmy Morales, principalmente por el involucramiento de su hijo y su hermano en hechos de corrupción. Fue firmado
Esta medida fue tomada el lunes en reunión de Gabinete, por lo que el decreto autoriza disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia y exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público.
Con lo anterior, algunos abogados dicen que se está escondiendo la censura a los medios de comunicación, ante la respuesta de algunos, por reproches y señalamientos del presidente Jimmy Morales, al calificar de “faferos” a algunos comunicadores.
Por la forma en que está redactado, estiman que la restricción de estas garantías vulnera los derechos garantizados en los artículos 5, 26 y 35 de la Constitución Política de la República.
en el caso del artículo 35 sobre Libertad de Expresión del Pensamiento, se establece claramente que este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna, lo ue lleva al decreto al plano inconstitucional.
En medios como Prensa Libre se destaca la preocupación del expresidente de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto, por restringir la libertad de locomoción, quien incluso señala que el decreto “no específica las áreas vulnerables donde se aplicará el estado de Prevención”.
Otro factor que causa controversia es que las lluvias no han causado daños que justifiquen este estado de prevención, por lo que, extraoficialmente se informó que en los próximos días estarán impugnando el decreto.
La mayor parte de las medidas adoptadas por el Gobierno corresponden a la Ley de Orden Público vigente desde mediados del siglo XX, la cual es obsoleta a la luz de la Constitución de 1986.
Se esperan pronto pronunciamientos del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, y de las instituciones de la llamada sociedad civil.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), censura este tipo de restricciones en cualquier país en donde se producen.