A casi un año en el poder, el presidente Jimmy Morales no ha dado muestras claras de su compromiso en la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo no ha implementado acciones concretas, ni presentado iniciativas de ley para transparentar la administración pública.
La falta de rumbo de la que ha hecho gala la administración del presidente Jimmy Morales al final del primer año de gobierno, también se ha hecho evidente en la transparencia en el gasto público y en rendición de cuentas a la sociedad.
El Ejecutivo no ha presentado iniciativas de ley para mejorar la fiscalización y auditoria social y aprovechar que la bancada oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), es mayoría en el Legislativo, con 37 diputados.
En tal sentido, no ha enviado al Congreso reformas a la Ley de Probidad para, por ejemplo, obligar a la publicidad de la declaración patrimonial de los funcionarios.
Tampoco una nueva propuesta de Ley de Compras y Contrataciones, porque los parches que se han hecho ya no son suficientes para combatir el saqueo del Estado a través de las compras y contratación de servicios por parte del Estado.
Y menos han existido propuestas encaminadas a fortalecer la independencia y las capacidades de la Contraloría General de Cuentas, entidad que es clave en la prevención y lucha de la corrupción.
No ha existo, además, voluntad política para transparentar el ejercicio del poder. Así lo consideran expertos en temas de transparencia consultados por la revista Crónica.
Sin política y dirección
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), indica que así como no hay dirección estratégica en otras áreas, como salud, educación, infraestructura, tampoco existe una política de transparencia.
Este ha sido un Gobierno que ha ido sacando lo más mínimo en gobernabilidad, afirma el experto en temas de transparencia, quien luego agrega que AC colaboró en la creación de una política de transparencia, la cual será dada a conocer en los próximos días. Esperamos que después de esto se puedan tomar las acciones y medidas concretas, para transparentar la gestión pública, señala Flores.
Astrid Perdomo, analista de la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), califica la transparencia del Gobierno como deficiente y enfatiza que hay varios aspectos en los cuales no se ha logrado avanzar e incluso se retrocedió. Entre ellos, no atender a los medios de comunicación y puertas cerradas a la sociedad civil para plantear iniciativas.
El estancamiento o nulo avance en transparentar la administración pública se debe a la falta de voluntad política, aseguran los expertos consultados.
Urge giro de dirección
Para poder dar muestras de querer cambiar el rumbo de esta administración, el Ejecutivo debe ser transparente en cada acción que lleve a cabo, por lo cual una política de transparencia les podría beneficiar, solo si esta se cumple.
Flores comenta que el Ejecutivo debió tomar la iniciativa de presentar proyectos de ley enfocados en el servicio civil, debido a que la ley actual data de 1968, lo cual no pripicia que se regule y estandarice el servicio público, que se tenga evaluación del desempeño del servidor público y brindarle al funcionariado una verdadera carrera en la administración pública.
También, dice el entrevistado, hubiera sido ideal que el Gobierno presentará una iniciativa para reformar la Ley de Probidad, para que se haga pública la declaración jurada patrimonial; aunque reconoce que un diputado ya hizo esta solicitud, pero esta no tiene el peso del Ejecutivo, ni es respaldo de la bancada oficial porque esta fue presentado por Álvaro Velásquez, de partido Convergencia.
La transparencia, subraya el analista de AC, también debe de estar en cada compra que se lleva a cabo, por lo que indica que se debe de promover una nueva Ley de Compras y Contrataciones, debido a que la que está actualmente deja muchos vacíos, por lo que reformarla ya no es suficiente.
Vemos que el Ejecutivo tiene influencia en el Congreso; entonces sí tienen el poder de incidir, pero no lo han hecho con acciones protransparencia, concluye Flores.
Perdomo indica que espera que en el futuro inmediato el Ejecutivo encuentre marcos más amplios de acción, que ponga en marcha lo que pudo conocer en este primer año. Las problemáticas deben de tener solución, debe existir, sí o sí, puesta en marcha de acciones concretas para poder empezar a trabajar en la transparencia.
Es necesario, convergen en señalar los expertos, que la ciudadanía exija a los tres poderes del Estado que se conduzcan con transparencia y se presione también al Congreso de la República para que apruebe leyes en este sentido.
También hacen un llamado para que la población y la sociedad civil organizada exijan, como lo hizo a partir de abril del año pasado, para que la clase política implemente acciones concretas para luchar contra la corrupción y el saqueo del Estado.
Pero también es indispensable que se involucren más en vigilar y fiscalizar de forma permanente el comportamiento de los funcionarios públicos y el que no se haga mal uso de los recursos económicos públicos.
Ejecutivo, bajo un manto de opacidad
El gran ofrecimiento de campaña del mandatario Jimmy Morales fue no ser ni corrupto ni ladrón, eslogan que conllevaba el compromiso de actuar con absoluta transparencia, pero ese factor esencial para combatir el saqueo del Estado ha estado ausente en las diversas decisiones que ha tomado; entre ellas, nombramientos de funcionarios, pago del alquiler de una suite, asesores, nepotismo y, sobre todo, señalamientos de corrupción que involucran a su hijo y hermano, José y Samuel Morales, respectivamente.
Los señalamientos y la investigación que realiza el Ministerio Público (MP) contra su círculo familiar más cercano, aunque no ocurrieron este año, ha desgastado al mandatario, quien se niega a hablar del tema con los medios de comunicación.
El presidente, solo por citar un ejemplo, ofreció en campaña dar a conocer su declaración patrimonial, y lo hizo, pero a medias, ya que se limitó a informar que su patrimonio asciende a Q8 millones. Lo correcto es que lo hubiera hecho como Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, quién detallo cada bien que posee, incluyendo cuentas monetarias y de ahorro. Ha sido el único funcionario que ha actuado de esta forma.
El eslogan de ni corrupto ni ladrón, al parecer, es nada más un ofrecimiento de campaña, lo cual se evidencia con la designación de gobernadores departamentales, en donde no solo no se hizo en un proceso transparente, sino que muchos de los nombrados fueron candidatos a diputados del partido o recomendaciones de los parlamentarios electos.