En medio de un agrio pulso, el gobierno de España amenazó este lunes con hacer «lo que haga falta» si el ejecutivo de Madrid no toma medidas contundentes para frenar el avance descontrolado del covid-19 en la capital, epicentro de la epidemia en el país.
Si la administración regional de Madrid, dirigida por los conservadores, no rectifica y endurece su estrategia ante el virus, «no tenga duda de que (el gobierno central) está preparado para afrontar lo que haga falta», advirtió en una entrevista con la radio pública RNE el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
- Esta amenaza se enmarca dentro de una estrategia de presión total
- lanzada a finales de la semana pasada por el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez
- para tratar de forzar la mano del ejecutivo madrileño
- que como ocurre con todas las regiones autónomas de España, es el único competente en materia de salud.
Virus
Ante una incidencia del virus que con 722 casos por cada 100,000 habitantes dobla la del conjunto de España, de por sí el país de la Unión Europea con el peor índice, el gobierno regional de Madrid impuso hace una semana limitaciones a la movilidad en las zonas más afectadas.
Este lunes, esas restricciones, que impiden a las personas salir de sus vecindarios salvo para ir a trabajar o al médico, se ampliaron a poco más de 1 millón de los 6,6 millones de habitantes de la región.
- Algo insuficiente para el gobierno
- que exige limitar los movimientos de la ciudad capital (más de 3 millones de habitantes)
- y otras áreas con alta incidencia del virus de la región madrileña
- que concentra un tercio de los casos confirmados y decesos de toda España en la pandemia (716,481 contagios y 31,232 decesos)
- y reducir aún más aforos de bares y restaurantes.
AFP / Óscar del Pozo Varias personas guardan cola ante un centro sanitario público el 28 de septiembre de 2020 en Madrid.
Madrid «está en una situación de serio riesgo sanitario para sus ciudadanos y los ciudadanos de las comunidades limítrofes», previno el fin de semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que la tarde del lunes se reunirá nuevamente con autoridades madrileñas de salud.
«Madrid no se puede cerrar», respondió la noche del domingo Isabel Díaz Ayuso, militante del Partido Popular (PP) que dirige la coalición de derecha que gobierna la región, advirtiendo del impacto económico de volver a confinar Madrid, tal y como ocurrió entre marzo y junio cuando todos los españoles fueron puestos bajo un encierro domiciliario que permitió controlar la primera ola de la epidemia.
El enfrentamiento estalló el viernes, cuatro días después de que se reunieran Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para coordinar la respuesta a la escalada del virus, cuando el ministro Illa convocó una rueda de prensa paralela a otra que ofrecían responsables de salud de Madrid para denunciar que el ejecutivo regional hacía caso omiso a sus recomendaciones.
Evitar un desgaste político
Si Madrid, «buque insignia» de la derecha contra el gobierno de Pedro Sánchez, no da su brazo a torcer, el ejecutivo central tiene «herramientas legales» para actuar, explica a la AFP Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza.
AFP / Óscar del Pozo Miembros del servicio médico de mergencias SAMUR charlan bajo una carpa instalada frente a un centro de información, el 28 de septiembre de 2020 en Madrid.
Estas pueden ser «menos agresivas», como usar un decreto de junio que regula la «nueva normalidad» tras el confinamiento que permite al gobierno decidir medidas en «situaciones de urgente necesidad».
O «más fuertes», como declarar un estado de alarma en Madrid, un régimen de excepción que permitiría al ejecutivo nacional asumir el control en materia sanitaria, o incluso aplicar un artículo de la Constitución que permite suspender la autonomía regional, tal y como se hizo con Cataluña tras la fallida declaración de independencia en 2017, indicó Monge.
Pero el gobierno quiere que sea Madrid quien actúe porque «sabe que si aplica medidas de intervención directa, pueden tener un efecto contraproducente, ya que Díaz Ayuso y el PP lo puedan acusar de ser el culpable de la gestión (de la crisis), de tener modos autoritarios e invadir sus competencias», explica Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Ambas administraciones «tratan de evitar el desgaste político, nadie quiere asumir el costo de tomar medidas impopulares, aunque estas sean necesarias para el control de la pandemia», resume Simón.