El gobierno de El Salvador pidió este jueves abrir un debate nacional para reformar la Constitución y adaptarla a las «nuevas realidades», sin tocar artículos claves como la alternancia en el poder.
«Un debate que permita actualizar la Constitución es lo que plantea el gobierno para superar algunos anacronismos que cimentaron la actual Carta Magna»,
señaló la presidencia en un comunicado.
Errores, contradicciones y vacíos
Según el gobierno, la Constitución, escrita en 1983, «tiene errores, contradicciones y vacíos», que ha tenido que corregir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un debate sobre reformas constitucionales abre «escenarios favorables» para revisar cómo se eligen funcionarios de segundo grado, entre ellos los encargados de dirigir la Fiscalía General, la Corte de Cuentas (contraloría) y jueces de la CSJ.
El gobierno también pretende incorporar a la futura Constitución el derecho humano al agua, la democratización del sistema político y electoral, y la modernización de la institucionalidad.
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Propuesta
El presidente Nayib Bukele delegó en el vicepresidente Félix Ulloa, abogado de profesión, la tarea de coordinar las propuestas para la reforma.
La idea es que participen del debate los partidos políticos, sociedad civil, académicos, gremios profesionales, iglesias y organizaciones de todas las corrientes, según el comunicado.
El gobierno de Bukele aclaró que:
- «no hay ninguna propuesta de reformar y cambiar el sistema político del país, el sistema de gobierno y mucho menos eliminar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia».
La Constitución establece que una reforma de su contenido debe ser propuesta por al menos 10 diputados, de los 84 que componen el Parlamento.
La Carta Magna especifica que una reforma constitucional debe ser aprobada por:
- el Congreso con los votos de la mitad más uno de los diputados
- y debe ser ratificada por el siguiente Congreso con los votos de al menos dos tercios de los diputados electos.
El Salvador elegirá el 28 de febrero de 2021 a los diputados del próximo Congreso, así como los alcaldes de los 262 municipios del país.