El gobierno de El Salvador, que presenta la reducción de la violencia criminal como uno de sus logros, está bajo la lupa de la fiscalía tras un reporte periodístico que reveló una presunta negociación con una pandilla para disminuir los homicidios.
El periódico digital El Faro reveló a fines de la semana pasada que el gobierno del presidente Nayib Bukele habría negociado hace más de un año con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de los homicidios.
El periodista Óscar Martínez, uno de los autores del artículo de El Faro, explicó a la AFP que la investigación periodística se basó «en documentos oficiales».
Ante las revelaciones, el fiscal general, Raúl Melara prometió que «se abrirá la investigación correspondiente».
«Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas», advirtió Melara.
A la baja
La violencia homicida ha declinado y el gobierno de Bukele lo presenta como uno de sus principales logros, basado en el denominado «Plan Control Territorial», que incluye el despliegue de policías y soldados en las ciudades con mayor inseguridad.
- Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, Bukele recibió el país con una tasa de 52 homicidios por cada 100,000 habitantes y cerró 2019 con 36.
- La proyección es finalizar 2020 con 21 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Pero la negociación «bajo agua» no solo incluiría la reducción de los homicidios, sino también el apoyo al partido político Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar.
«Ese apoyo es de cara a las elecciones del 2021», dijo Martínez, cuando los salvadoreños deben elegir a los 84 diputados al Congreso unicameral y los alcaldes de los 262 municipios del país.
«Hasta el momento, nadie del gobierno, ningún funcionario, ha dicho que las 108 páginas de documentos oficiales que son nuestra prueba de la investigación y nuestro artículo sean falsas. Son documentos oficiales», aseguró Martínez.
Para desvirtuar lo publicado por El Faro, el gobierno mostró a la prensa el pasado viernes las «estrictas» condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país.
Exfuncionarios de gobiernos anteriores enfrentan a la justicia por haber pactado con pandillas.
Es el caso del exministro de Defensa general David Munguía, acusado de promover una tregua ilegal entre pandillas en 2012. Por el mismo caso ha sido acusado el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien ahora vive en Nicaragua.
El reto de la Fiscalía
Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, una entidad de análisis político y lucha contra la corrupción, considera que una eventual negociación entre el gobierno y la pandilla MS-13 plantea un desafío para la fiscalía.
«El fiscal general Raúl Melara está ante el reto de someter a verificación las pruebas que ha presentado el periódico digital y determinar si son fehacientes, y si son reales, proceder como dicta la ley», indicó Villalta.
En tanto, Álvaro Artiga, analista político y profesor de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana (UCA) apuntó que la misión de la fiscalía en el caso de la presunta negociación es «demostrar que esa institución funciona, pues su trabajo ha sido muy deficitario».
El exfiscal general Ástor Escalante señaló que «es fudamental» que se establezcan acciones para impedir que continúen los «posibles contactos» de funcionarios públicos con estructuras delictivas.
La mirada desde el exterior
Tras la publicación de El Faro, el presidente Bukele calificó el artículo como «ridículo» y al periódico como «un panfleto».
No es la primera vez que el gobernante arremete contra El Faro, al cual ha descalificado y llegó a bloquear su acceso a coberturas en la Casa Presidencial.
La publicación de El Faro también repercutió en el exterior: uno de los primeros en reaccionar fue José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, quien señaló en Twitter que las promesas de Bukele «por mejorar la seguridad y combatir la corrupción eran mentira».
El periódico español El País en un editorial consideró que «las revelaciones» de El Faro «obligan al mandatario a dar amplias explicaciones».