El gobierno de Costa Rica planteó este viernes un recorte al gasto público y un «impuesto solidario» a los salarios más altos para socorrer a las familias más golpeadas por la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus.
El presidente Carlos Alvarado precisó que el gobierno propondrá al Legislativo un presupuesto extraordinario de unos 400 millones de dólares para dar asistencia a 375,000 familias durante tres meses.
El fondo social se financiará con un recorte de unos 175 millones de dólares del presupuesto público.
Asimismo, el gobierno mantendrá los precios actuales de combustibles, sin reducirlos, pese a la baja internacional del petróleo, con el fin de que el diferencial genere un ingreso adicional para el fondo de apoyo social.
«El gobierno realiza todas las acciones para aplacar el impacto no solo en salud, sino económico y social del COVID-19», dijo Alvarado en conferencia de prensa, acompañado de miembros de su gabinete.
Indicó que tales iniciativas serán presentadas el martes próximo a la Asamblea Legislativa (parlamento) para su aprobación.
Adelantó que también someterá al Congreso un proyecto de impuesto solidario a los salarios de más de 1.1 millón de colones (1.900 dólares).
El gravamen, de tasa variable según el nivel de ingresos, generaría recursos para atender a 300,000 familias adicionales en caso de necesidad en los meses posteriores a la pandemia.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aclaró que ese impuesto solo se aplicaría en caso de ser necesario y tendría un plazo definido, «mientras dure la crisis de salud y económica».
Costa Rica, que registra 263 casos de COVID-19 y dos fallecidos, ha sufrido fuertes pérdidas en los sectores de turismo y restauración a causa de la epidemia.