El gobierno chileno se reunió este jueves por primera vez con organizaciones sociales desde que estallaran hace 42 días las protestas sociales, con episodios de violencia y saqueos que no cesan y sin un final a la vista.
Convocados por la administración de Piñera, la reunión significó un primer acercamiento, sin que todavía se traduzca en un camino más concreto de negociación efectiva para desactivar una crisis que golpea fuerte a la economía chilena y hunde al peso a su mínimo histórico, obligando al Banco Central a intervenir el mercado cambiario por hasta 20,000 millones de dólares desde diciembre hasta fines de mayo.
El encuentro reunió a representantes del gobierno del derechista Sebastián Piñera y de la llamada Mesa de Unidad Social, que reúne, entre otras, al Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores y la organización «No+AFP», que busca poner fin al criticado sistema privado de jubilaciones (AFP).
«Hemos sido muy claros en que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente, que no es ese nuestro ánimo, que son ellos los que tienen que dar respuestas ahora a los planteamientos que se han hecho», dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.
Sin líderes visibles, la Mesa de Unidad Social ha ido ganado terreno. Entre las peticiones de esta organización está un aumento del salario mínimo desde los actuales 301,000 (374 dólares) a 550,000 pesos (664 dólares) y reemplazar el sistema privado de pensiones, para dar paso a uno de reparto.
El ministro de Interior, Gonzalo Blumel,-que presidió la reunión- aseguró: «Hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social», cuyos ejes fundamentales son los ingresos de trabajadores, protección de empleo, acceso a la salud y los medicamentos, junto a la reforma de las pensiones.
La Cámara de Diputados, en tanto, declaró admisible una «acusación constitucional» en contra del exministro del Interior y primo de Piñera, Andrés Chadwick, permitiendo así que el juicio político prosiga en el Senado.
Asimismo, el Congreso analiza reformas y leyes impulsadas por el gobierno para un mayor control del orden público, como un proyecto para sancionar a los encapuchados que causan desmanes y una que busca permitir a los militares resguardar infraestructura pública.
Banco Central al rescate
En medio de las manifestaciones e incidentes violentos que se repiten a diario desde el 18 de octubre en varios puntos del país, teniendo en Santiago su epicentro en la céntrica Plaza Italia donde se volvieron a enfrentar manifestantes con la Policía, el mercado cambiario volvió a mostrar su nerviosismo y llevó el peso chileno a batir su mínimo histórico al cerrar a 828.36 por dólar.
El Banco Central salió al rescate anunciando una intervención por hasta 20,000 millones de dólares desde diciembre hasta mayo de 2020.
El BC justificó su intervención en el mercado citando que «un grado excesivo de volatilidad del tipo de cambio (…) genera inquietud en los mercados».
Con esta movida, el BC sube su apuesta en favor del peso al que respaldó a mediados de noviembre inyectando al mercado unos 4,000 millones de dólares.
Saqueos, al tope de los delitos
Y mientras el gobierno intenta avanzar en acuerdos políticos y maniobra para proteger la economía, los ataques contra comercios se repiten en varios puntos de Santiago y otras ciudades, donde grupos de personas -en su mayoría con antecedentes penales, según fuentes judiciales-, continuaban irrumpiendo en locales y supermercados.
En una ceremonia de egreso de nuevos policías civiles, el presidente Piñera afirmó que «estamos enfrentando a un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos».
En simultáneo, un grupo de manifestantes lesionados por el uso de perdigones por parte de la policía protestaron fuera de la casa de gobierno. Fuentes médicas contabilizan cerca de 300 lesionados oculares desde el inicio de las protestas.
«Perdí la visión total y recién el jueves pasado me pudieron sacar el balín. También me sacaron el ojo y voy a tener que usar una prótesis para toda la vida», relató Diego Jara, a la AFP.
El clima de agitación provocó una nueva suspensión de evento deportivo: una fecha del campeonato del Mundial de rally de 2020 previsto para abril próximo.