- El Consejo de la Unión Europea sanciona a la organización y a las tres personas por «socavar la democracia».
- A los personeros de la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror) y a un juez se les sanciona con medidas restrictivas y no puede viajar a los países del grupo europeo.
El Consejo de la Unión Europea decidió este jueves imponer medidas restrictivas a otras tres personas y una entidad en relación con acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, según se informó hoy por medio de un comunicado oficial.
Estas sanciones son para la Fundación Contra el Terrorismo, conocida como «Fundaterror», Ricardo Méndez Ruíz Valdéz, el abogado Raúl Falla Ovalle, y el juez Jimi Bremer, vinculado en varios casos con fallos a favor de acciones interpuestas por dicha organización extremista.
Se indica que el Consejo «sigue profundamente preocupado por las acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, incluyendo la persistente instrumentalización del sistema judicial» y añade que «el Consejo está especialmente preocupado por los continuos ataques contra el gobierno democráticamente electo del presidente Arévalo y el uso indebido de medidas legales y procesales contra funcionarios electos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores judiciales independientes».
«Por consiguiente, el Consejo ha incluido en la lista a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), a su presidente, Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, y a su representante legal, Raúl Amílcar Falla Ovalle, por acciones que socavan el Estado de derecho en Guatemala, consistentes en la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales» dice el comunicado del Consejo de la UE.
El FCT y sus miembros, objeto de estas sanciones, han iniciado numerosas investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno, y han intimidado a la sociedad civil y al poder judicial. Esto es lo que opina la Comisión europea, pero en términos similares se han pronunciado antes las autoridades de Estados Unidos, que califica a estaspersonas como «corruptas y antidemocráticas»
El Consejo también ha impuesto medidas restrictivas al juez de primera instancia penal del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Guatemala, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, por acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, como la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados y fiscales.
Las medidas restrictivas de la UE se aplican ahora a ocho personas y una entidad. Las personas designadas están sujetas a la congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido ponerles fondos a su disposición. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje, que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.
Estas sanciones selectivas están diseñadas para exigir responsabilidades y afectan únicamente a quienes participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. No constituyen en ningún caso sanciones contra Guatemala, su población ni su economía.
Concluye el comunicado destacando que «a UE y Guatemala mantienen una larga colaboración y la UE mantiene su compromiso de apoyar la democracia en el país. La misión de observación electoral de la UE de 2023, la clara postura de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y las sanciones específicas mencionadas forman parte de este esfuerzo».
Estos tres personajes forman parte de la Lista Engel del gobierno estadounidense, en dónde hay muchos fiscales, y jueces que han sido incluidos por acciones a favor de la corrupción y en contra de la democracia, entre ellos la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, todos coludidos en varios casos judiciales que persiguen a actores que han denunciado o han participado en la lucha anticorrupción.
Antecedentes
Para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, expresada en su elección del gobierno democráticamente electo, la UE adoptó el 12 de enero de 2024 un marco específico de medidas restrictivas respecto a Guatemala, con el fin de exigir responsabilidades a quienes socavan la democracia y el Estado de derecho u obstruyen la transición democrática tras las elecciones generales de 2023, que resultaron en una clara victoria del presidente Bernardo Arévalo, como lo atestiguó la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE en Guatemala.