Enfoque por: Gonzalo Marroquín Godoy
Los destapes de casos de corrupción parecen cobrar moda en América Latina, con Guatemala a la cabeza. Esa es una muy buena noticia, porque hasta hace poco parecía que la impunidad no solo doblegaba a la Justicia, sino que; además, había logrado desmoralizar a los pueblos del hemisferio, agobiados de ver esa mezcla que se produce entre mafias políticas y empresariales, muchas veces asociadas con el crimen organizado para manipular el poder en toda su dimensión.
No han sido pocos casos los que han salido a luz pública: En Chile, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet es acusado de tráfico de influencias, en Argentina principian a investigar la fortuna de Cristina Fernández de Kirchner, en Brasil los escándalos son más grandes —como el país—, y se persigue a medio mundo, oficialistas y opositores, pero los indicios de corrupción alcanzan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y a la presidenta suspendida Dilma Rousseff. En Venezuela, Ecuador y Nicaragua no hay independencia de poderes y la impunidad prevalece, pero salen a luz pública los abusos y desmanes de corrupción de sus gobernantes, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Daniel Ortega, es cuestión de tiempo.
La lista sigue y pasa por naciones como El Salvador, Panamá, Honduras, México no se diga y; por supuesto, nuestra golpeada Guatemala. Siempre aparecemos en los últimos lugares en índices socioeconómicos de la región, pero en este aspecto es diferente: las acciones de la CICIG y el MP, a partir del año pasado, nos colocan en el primer lugar en la lucha contra la corrupción. Hay aires de transparencia en la región y, sobre todo, se aprecia un despertar ciudadano —más fuerte en algunos países, tibio aún en muchos—, que clama por el cese de la impunidad y el castigo para quienes han abusado de los cargos públicos.
Ha existido gigantesca colusión entre mafias, crimen organizado y empresarios, con la clase política, entendiendo esta como el o los grupos políticos que han visto en los bienes del Estado un botín a saquear, destinado a quienes alcanzan el poder. La corrupción siempre ha existido, pero, bajo esta visión distorsionada, ha alcanzado niveles gigantescos que entrampan cualquier posibilidad de lograr el desarrollo socioeconómico que tanta falta hace a nuestros países.
Esto que está sucediendo tiene muchas implicaciones positivas:
La primera; por supuesto, es que finalmente quienes roban y saquean las arcas nacionales pagan por su descaro y abuso ¡van a la cárcel! Es sano para el sistema ver que dos exgobernantes, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti; además de exfuncionarios del más alto nivel y empresarios e implicados menores, están en prisión, y lo más seguro es que serán condenados por un tribunal más adelante.
La segunda implicación positiva se deriva de esta, porque queda un mensaje claro: ¡no más impunidad!, y eso seguramente llevará a meditar a los funcionarios actuales para que no vayan a cometer los mismos desmanes que los que hoy se castigan. Antes se daban el lujo de agarrar como piñata los bines del Estado y venderlos o negociarlos como si fueran propios —con buenas tajadas, por supuesto—, pero hoy en día la cosa ha cambiado.
Otro aspecto positivo es que ese mensaje está llegando también a jueces y magistrados, quienes están llamados a promover el cumplimiento de las leyes, sin ser parte de aquella colusión que se mencionaba antes. Si el sistema de justicia se convierte en el necesario contrapeso de los otros poderes del Estado, entonces veremos que la democracia se vuelve más funcional.
¿Y qué decir de la ciudadanía? Cada vez más empoderada de esa fuerza que debe tener. No es fácil que un pueblo que se ha mantenido pasivo despierte, pero en el caso de los guatemaltecos el cambio es sensible. Y lo más interesante y quizás determinante, es que los jóvenes se interesan por lo que está sucediendo y están a favor de la transparencia y de los cambios radicales en el país.
Además, si la corrupción disminuye y prevalece la transparencia en las inversiones del Estado, el efecto será que veremos mejores resultados con el gasto público, y por ende, podría haber mejoras en educación, salud, seguridad e infraestructura, siempre y cuando haya proyectos adecuados para ellos.
La transparencia puede cambiar el rumbo del país. La ciudadanía también pasará por un período de aprendizaje para saber distinguir entre sus líderes. Siempre habrá engaños, pero cada vez el margen de equivocación será menor y aquello de que elegimos al menos malo, puede empezar a cambiar.
Falta muchísimo por avanzar. Aun es grande el peligro de que nos estanquemos e incluso de que se pueda retroceder, pero al menos el camino parece estar iluminado. Lo que ahora hay que hacer, es no permitir que esa luz se apague y nosotros como sociedad, aprovecharla al máximo.
Si hay transparencia es más fácil detectar la corrupción. Si disminuye el saqueo del Estado, entonces podremos apreciar cambios reales. Por eso, lo más importante es decir: ¡NO MAS IMPUNIDAD! y mantener una actitud firme.