Por sospechas de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y su antecesor y padrino, Luiz Inácio Lula da Silva, habrían intentado obstruir la acción de la justicia por las investigaciones de corrupción en Petrobras, la Fiscalía pidió autorización para abrirles a ambos una investigación.
La investigación penal también incluye al actual abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, por lo que, en el caso de Rousseff, se intentará determinar si se implicó en maniobras para proteger a algunos de los políticos y empresarios, salpicados por la corrupción petrolera, con las que incluso habría intentado obstruir la acción judicial.
Si es aceptada la demanda se complicaría más la situación de la presidenta de Brasil, quien está a un paso de ser sometida a un juicio parlamentario con miras a su posible destitución, por diversas irregularidades fiscales en las que su Gobierno incurrió en los años 2014 y 2015.
Precisamente, este día el senador Antonio Anastasia, instructor de una comisión del Senado, presentará su informe para archivar la causa contra Rousseff, o bien, enviar el proceso al pleno de la cámara, como estiman analistas.
En ese último caso, el pleno deberá decidir la semana próxima si se instaura el juicio político, lo que obligaría a la mandataria que se separe del cargo durante los 180 días que pudiera durar el proceso. Durante ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien en caso de que se llegue a su destitución completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.