Un equipo forense desenterraba este miércoles parte de las osamentas de 11 víctimas de la masacre de El Mozote, cometida por el ejército durante la guerra civil (1980-1992) en el departamento de Morazán, en el noreste de El Salvador, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las exhumaciones tienen lugar en un cementerio municipal de la comunidad rural Yancolo, en el municipio de Cacaopera, 172 km al noreste de San Salvador, donde «la FGR investiga delitos cometidos en el marco del conflicto armado», precisó la Fiscalía en su cuenta en Twitter.
La FGR espera la extracción de 11 osamentas, entre ellas las de cinco menores, una de ellas de tres días de nacida, que fueron víctimas de una granada fragmentaria el 11 de diciembre de 1981, al interior de una cueva del cerro Ortiz del poblado de Joateca, donde se resguardaban de un operativo del ahora proscrito batallón Atlacatl.
«En la cueva se encontraban 20 personas, por la explosión mueren en el acto doce personas y lograron sobrevivir ocho», declaró a la AFP el abogado de las víctimas Wilfredo Medrano de la ONG Tutela Legal.
Según dijo un fiscal presente en el lugar de la excavación, sobrevivientes del cerro Ortiz fueron el 26 de febrero de 1994 a recoger las osamentas a la cueva y las enterraron en la fosa común en Yancolo.
El hallazgo de las nuevas osamentas será incorporado a un proceso judicial que se ventila en contra de un grupo de militares que son juzgados por el crimen.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, según un censo oficial, ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista. Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona.
Desde el fin de la guerra civil se han recuperado los restos de más 350 personas, según Tutela Legal.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, entre los que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en 1984, cuando un helicóptero fue abatido por la guerrilla.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado Salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil salvadoreña, y ordenó medidas de reparación.
En julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una Ley de Amnistía que impedía investigar graves crímenes ocurridos en la guerra civil.
Tras esa decisión, un juzgado de San Francisco Gotera abrió un juicio a 18 militares involucrados en el caso. Desde entonces dos fallecieron y otro más fue acusado.
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 y dejó un saldo de más de 75.000 muertos y desaparecidos.