La Fiscalía de El Salvador acusó este domingo al gobierno de usurpar facultades del Congreso por decretar una prórroga de un mes al estado de emergencia por el nuevo coronavirus, y anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
«Un estado de emergencia decretado por el presidente de la república debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa», consignó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
A la medianoche del sábado, en una inesperada conferencia de prensa, el titular de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Conan Castro, acompañado del consejo de ministros, anunció la prórroga del decreto de estado de emergencia que finalizaba luego que el jueves la Asamblea Legislativa había declinado extenderlo.
Para la FGR, el anuncio del gobierno del presidente Nayib Bukele «resulta un acto de usurpación de facultades».
La prórroga del estado de emergencia, según Castro, es para mantener «la garantía de los derechos fundamentales de la salud y de la vida de la población» cuando el país está a «días del colapso» por el incremento de casos de coronavirus.
El estado de emergencia, aprobado el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa, expiraba la noche del sábado por lo que, amparándose en un artículo de la Ley de Protección Civil, el gobierno lo prorrogó a partir de la hora cero de este domingo y con vigencia de un mes.
En virtud de lo actuado por el Ejecutivo, la Fiscalía adelantó que presentará una «demanda de inconstitucionalidad» ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia «contra el decreto ejecutivo que establece un nuevo estado de emergencia».
La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos por lo que tiene «legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia», consignó la Fiscalía.
El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios de agua, electricidad y teléfonos, además de permitirle utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia.
«Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias», aclaró la FGR.
Según un último balance oficial, El Salvador registra hasta este sábado 1,338 casos de contagios del nuevo coronavirus, con 27 personas fallecidas.