Por: Enma Reyes
En declaraciones a medios de comunicación, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, afirmó este martes que le ha solicitado a la fiscal general Consuelo Porras analizar si es viable presentar una acción legal en contra de el Decreto No. 10-2019 de las reformas al Código Procesal Penal relacionado con el procedimiento de aceptación de cargos.
De acuerdo con Sandoval, dicha fiscalía estaría realizando un inventario de qué casos son los que se verían afectados por la entrada en vigor de la nueva normativa el próximo 16 de enero.
“Tomando en consideración, dicha normativa vulnera disposiciones de la Constitución Política de la República, es contraria a los avances en materia de política criminal”, afirmó el titular de la FECI.
Sandoval, además, aseguró que la Ley de Aceptación de Cargos demerita lo que es el colaborador eficaz para el proceso de desarticulación de estructuras criminales.
“En ese sentido considero que el Ministerio Público debiera adoptar alguna medida en relación con la entrada en vigor del cuerpo legal. También hemos escuchado que distintos sectores harán los planteamientos que correspondan o bien harán las peticiones para que la Corte de Constitucionalidad resuelva lo que está pendiente de resolver”, manifestó.
Tras varios días de silencio, el presidente Jimmy Morales sancionó el polémico decreto. La nueva normativa, la cual fue publicada en el Diario Oficial el pasado lunes, tiene como objetivo que las personas que sean acusadas por varios delitos podrán aceptar su culpa y tendrán una reducción de penas hasta del 50 por ciento.
En las reformas realizadas por el Congreso de la República se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Púbico le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.
La aceptación de cargos debe realizarse por medio de su abogado defensor, la persona ligada a proceso podrá aceptar los hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia y así obtener un beneficio de reducción en las penas.