La fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, decidió declarar lesivo el contrato de compra venta del edificio ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana.
El convenio había sido suscrito con la empresa Bertram, S.A., en octubre de 2017 con el cual se adquirió el inmueble tras un pago de Q35 millones.
«Declarar lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala al contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima, contenido en la Escritura Pública número 336 del 11 de octubre de 2017, ampliado mediante Escritura Pública número 354 del 31 de octubre de 2017″, señala el Acuerdo No. 32-2020 del ente investigador publicado este 25 de septiembre en el Diario Oficial.
El documento también detalla que una informe realizado por la Dirección de Asuntos Internos reveló que existen “irregularidades antes, durante y después de la gestión de la compra del edificio ubicado en la Diagonal 14, bulevar La Asunción, en el numeral 21-32 de la colonia Arrivillaga, zona 5 de la Ciudad de Guatemala». Además, indica que un dictamen del 28 de mayo del 2020, emitido por el departamento jurídico del MP consideró lesivo dicho contrato.
Orden de captura
El 13 de septiembre de 2019, la Fiscalía de Asuntos Internos del MP solicitó al Juzgado Undécimo Penal una orden de captura en contra de Aldana por los delitos de abuso de autoridad y fraude.
De acuerdo con el fiscal Marlon Pacheco, titular de esa unidad, la exfiscal no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Compras para la adquisición del edificio en mención.
Otro de los hallazgos, según Pacheco, fue que no existió justificación previa a la compra, es decir, no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía, ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.
Por este caso también fueron señaladas Miriam Salazar Duarte de Lossi y Patricia Guzmán Rivera, exdirectoras administrativas del MP; Diana Benavides Lázaro exjefa del departamento jurídico del ente investigador; y Lourdes Leytón, de la Fundación Grandiosa Es Fusión, que según el MP funcionó como “testaferro”, quienes fueron ligadas a proceso penal por el juez José Eduardo Cojulún.
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