La CICIG, que libró una batalla sin cuartel contra la corrupción en Guatemala, concluirá sus funciones la próxima semana, dejando al país inmerso en dudas sobre el futuro del combate contra las irregularidades en el Estado.
Para analistas, la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un grave «retroceso» en el precario sistema de justicia, pero también un desafío para que los guatemaltecos encaren la lucha contra la corrupción con sus propias manos.
Como parte de sus actividades de cierre, la misión presentó el miércoles un informe donde afirmó que el país centroamericano sigue siendo «un estado capturado» donde los grupos de poder buscan perpetuar la «impunidad».
El vocero de la entidad, Matías Ponce, comentó a periodistas que «las redes de corrupción aún continúan operando en Guatemala».
La Cicig, que entró a funcionar en septiembre de 2007, llega a su fin el próximo martes luego de que el presidente Jimmy Morales decidiera no ampliar por dos años más el mandato de la misión, incumpliendo una promesa electoral.
La Cicig nació a petición del gobierno de Guatemala a inicios de la década pasada con el objetivo de enfrentar a los cuerpos ilegales incrustados en las instituciones del Estado, y entre sus logros está la revelación de una red de corrupción en las aduanas que involucró a las altas esferas del poder político y empresarial.
Ese caso, expuesto en 2015 por la Cicig y la fiscalía guatemalteca, provocó la caída del entonces presidente Otto Pérez, quien fue acusado de encabezar la red de corrupción.
Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti aguardan en prisión el inicio de un juicio por ese y otros casos de corrupción.
«Es un retroceso para la justicia y un duro golpe para el país», dijo a la AFP Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, sobre el fin de la misión de la ONU.
El activista considera que será la ciudadanía la que tendrá que enfrentar «el reto» de dar seguimiento a la lucha contra la impunidad y la corrupción, en un país donde 98% los casos quedan sin ser resueltos en los tribunales.
Cux lamentó que por el momento «no está claro» cómo se va abordar el combate a la corrupción en el gobierno del presidente electo Alejandro Giammattei, quien asumirá el próximo 14 de enero por un periodo de cuatro años.
Presidente Morales expuesto
Morales fue denunciado por la Cicig de financiamiento electoral ilícito en la campaña electoral que ganó en 2015, pero el Congreso impidió que fuera desaforado y pudo mantenerse en el cargo.
Luego rompió las relaciones con la misión de la ONU y se enfrentó con su jefe, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.
El mandatario se retractó el año pasado de una promesa de campaña y declinó pedir a la ONU la ampliación del mandato de la Cicig para 2019-2021. Así, la misión concluye abruptamente el 3 de septiembre.
Su sucesor Giammattei no ha dado indicios de cómo enfrentará el combate a la corrupción, destacó en analista político Renzo Rosal.
«El país sufre de una volatilidad y el nuevo presidente tendrá que enfrentar problemas, una tormenta por el cierre de la Cicig en el tema de justicia», comentó Rosal a la AFP.
Giammattei, en una entrevista reciente con la AFP, fue enfático al indicar que «se acabó» la Cicig, pese a que reconoció que la misión «fue efectiva en algunos casos». Criticó que se limitó a «la persecución penal del corrupto» y no a atacar las causas que generan la corrupción.
El futuro gobernante estuvo 10 meses preso en 2010 por la acusación de una masacre de reos en el interior de una prisión cuando fue director del sistema penitenciario entre 2005 y 2007. La Cicig fue querellante en ese caso.
«Acá hay borrón y cuenta nueva, se puede esperar hasta venganza de las personas que fueron perseguidas legalmente» por la Cicig, agregó Rosal.
Para la directora de la organización Grupo Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, «el gran reto es la posibilidad de mantener la independencia en el sistema de justicia, esa lucha contra la corrupción que nos ha afectado tantos años».
«Estamos en una encrucijada porque siempre han existido esos poderes fácticos en el Estado, pero ahora es el momento de ver si existe esa potestad en la independencia de justicia», puntualizó.