La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este jueves una solicitud de retiro de inmunidad en contra del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina, por su posible vinculación en el caso conocido como Fénix.
El ente investigador pretender desaforar al magistrado de ese beneficio para poder ser investigado por los delitos de obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
A través de un comunicado, el MP señala que la labor de investigación en el caso Fénix permitió realizar los análisis respectivos que permitieron la reapertura de caso por el delito de lavado de dinero y otros activos, en virtud que las constancias documentales se observaba la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero y otros activos, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.
Añade que estas operaciones fueron detectadas en 2003, pero no sentenciadas por ese delito, incluyendo varios actos realizados por personas que , a lo interno del Organismo Judicial, Ministerio Público y otras dependencias del Estado, realizaron una seria de actos que fueron necesarios en el desarrollo del proceso que estuvieron encaminados y dirigidos a garantizar impunidad en los involucrados.
El documento señala que “el magistrado Ranulfo Rafael Rojas, dentro del marco de sus atribuciones como agente fiscal del MP, realizó en distintos tiempos dentro de los expedientes asignados, actos encaminados a promover impunidad a los actores, tal es el caso que inobservo el mandato constitucional que en todo momento debe de garantizar el Ministerio Público en cuanto a velar por el estricto cumplimiento de las leyes y garantizar el debido proceso”.
El MP agrega que los expedientes sobre los cuales el magistrado tuvo poder de decisión por haber ejercido el caro de agente fiscal, tiene como común denominador al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido como alías el Gato Herrera, lo que presume que sus acciones estuvieron dirigidas a retardar intencionalmente las acciones penales dentro del proceso es beneficio de los procesados, ya que al no avanzar los procesos, la determinación de la responsabilidad penal quedó impune en favor de los mismos.
“Esto adquiere sentido, ya que previo a ser fiscal del Ministerio Público, el magistrado Rojas Cetina prestó servicios profesionales en el Instituto de Seguridad Social, lo que hace necesario ahondar más en la investigación a efecto de determinar el tiempo y lugar en los cuales pudo haber estado relacionado con el querellante y los procesados”, explica el comunicado.
Rojas Cetina dejó el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto luego de que el Congreso de la República lo eligiera como magistrado del TSE el pasado 18 de marzo del presente año, para un período de 6 años.