La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteo una acción constitucional de amparo contra la decisión de los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Mayor Riesgo que benefició al exdiputado Armando Escribá, anulando un proceso penal en su contra y separando del caso Construcción y Corrupción a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
Además, la jueza Aifán, solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lunes recién pasado, aclarar la competencia que tiene en el caso, luego de que esa resolución de la Sala en mención.
Señalamientos en contra de Escribá
De acuerdo con la FECI, el excongresista aprovechó el Estado de Calamidad declarado por la tormenta Agatha y utilizó a familiares y varias de sus empresas para la adjudicación de obras, por un monto total de Q147 millones 991 mil 7.34, que fueron sustraídos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Los hechos se dieron cuando Escribá era coordinador del Fondo Social de Solidaridad, donde pudo adjudicar Q194 millones 391 mil 593.02 a empresas ligadas a sus allegados con contratos, según esa unidad de investigación.