La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sea un Juzgado de Mayor Riesgo el que conozca la primera fase del caso “Operación Lavado de Activos”.
La primera parte de dicha investigación está asignada al Juzgado Octavo Penal y figuran como señalados William Darío Molina Ruiz y Marco Antonio Arana Mazariegos.
Esa Fiscalía recientemente presentó acusación buscando que ambos sean enviados a juicio. Este caso también vincula al abogado Francisco García Gudiel, quien enfrenta proceso y permanece en prisión preventiva.
El caso
El 09 de abril del presente año, la FECI presentó el caso “Asesoría legal: Operación de lavado de activos”.
En seguimiento a este se realizaron allanamientos en donde fueron capturados el abogado Francisco García Gudiel y William Darío Molina Ruiz. Este último de nacionalidad colombiana.
De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían involucrados en acciones ilícitas enfocadas en proteger a sindicados en el caso Construcción y Corrupción, fase 1.
Por medio de un comunicado, el Ministerio Público (MP) informó que los hechos se dieron en 2017, cuando la FECI sacó a la luz esa pesquisa.
En esa ocasión se implementó un operativo en el que se buscaba capturar a distintas personas, entre estas el exdiputado y empresario constructor, José Guillermo Samayoa Soria.
De igual forma, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez. Se les sindicaba de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
Ante esa situación, Samayoa Soria contactó a García Gudiel para requerir su asesoría legal, a lo que este accedió.
Y como parte de esta, en concertación con Molina Ruiz trasladaron a los señalados a una vivienda ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, con el fin de que las autoridades no lograran detenerlos.
La estrategia incluía que posteriormente serían puestos a disposición del órgano jurisdiccional, pero tras haber concretado ciertas acciones para ocultar los actos irregulares en los que estaban implicados.
La FECI destacó que en este caso se observa “cómo los profesionales que deberían dedicarse a defender el derecho y la búsqueda de justicia terminan siendo defensores de la impunidad”.
Ocultaron casi Q60 millones
Según el ente investigador, García Gudiel y Molina Ruiz habrían creado una estrategia para ocultar la ruta de fondos propiedad de Samayoa Soria, que estarían vinculados con actos irregulares.
Fueron en total Q59 mil 340 millones 632 mil los que fueron objeto de la operación de blanqueamiento de capitales.
Se hicieron por lo menos trece operaciones bancarias a cuentas bancarias personales de los hoy detenidos y de sociedades mercantiles vinculadas a ellos.
“El origen de los recursos eran las sociedades controladas y dirigidas por José Guillermo Samayoa Soria”, destacó la fiscalía.
Debido a que esta persona se encontraba para ese entonces se encontraba en prisión preventiva, las gestiones para transferir los recursos estuvieron a cargo de sus empleados de confianza Neal Tun Lemus y Nuvia García Castillo.
Asimismo, se comprobó que al menos cinco vehículos valorados en Q1.5 millones fueron resguardados en predios propiedad del abogado.
De igual forma, se endosaron los títulos de los automotores, dos camionetas agrícolas y tres cabezales, para simular que estaban en venta en esos predios.