El miércoles último, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) indicó que la excedencia de Mynor Moto vence el 13 de abril, por lo que un día después podría retomar su cargo como juez Tercero de Primera Instancia Penal.
El permiso para ausentarse de sus labores fue otorgado porque sería nombrado magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de haber sido juramentado por el Congreso de la República; sin embargo, esa alta corte dejó sin efecto esa acción.
Ahora, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público ha solicitado al Consejo de la Carrera Judicial un informe sobre la situación de Moto, ya que la autorización de habilitarlo ocurre a pesar de que este tiene una orden de captura en su contra por señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Además, esa Fiscalía pidió al Juzgado Tercero que se le informe “inmediatamente” cuando Moto, un abogado u otra persona, se presente a gestionar la toma de posesión.
Orden de captura
Moto, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 02 de febrero, tiene orden de captura en su contra por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Para lograr su aprehensión, el Ministerio Público ha solicitado la activación de la alerta roja internacional emitida por la interpool, quien aceptó dicha petición
Por aparte, El exjuez ha intentado que se desestime la persecución penal en su contra bajo el argumento de que cuenta con la inmunidad que gozan los jueces.
Sin embargo, Moto entregó el cargo de Juez Tercero Penal tras ser electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad nominado por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG). Su juramentación como togado de la máxima corte no se realizó por existir impugnaciones pendientes contra el proceso en el que fue designado.
En declaraciones a medios de comunicación, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, aseguró que la orden de captura en contra de Moto sigue vigente y que “nadie la ha revocado”.
Denuncia
Acción Ciudadana, que presentó una denuncia por encubrimiento contra el CCJ, calificó de desafiante y alevosa la resolución de ese consejo para reintegrar a Moto, por lo que demandó que la fiscal general María Consuelo Porras y la Fiscalía contra la Corrupción rindan cuenta sobre el estado de la denuncia y cumplan con su responsabilidad de ejercer la acción penal.