- El Buró Federal de Investigaciones realiza una investigación sobre un contratista. En medio de ese proceso irrumpieron en el domicilio de la reportera Hannah Natanson.
- La Sociedad Interamericana de Prensa se pronuncia y repudia las acciones del FBI y los organismos judiciales de Estados Unidos en este caso.
El FBI allanó este miércoles (14.01.2026) la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.
El Post calificó la medida de «inusual y agresiva», al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.
La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, protagonizado por una turba de seguidores del actual mandatario, que perdió los comicios presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden (2021-2025).
Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.
El FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal. Consultado por el mismo diario, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una disposición de la Administración Biden que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.
La SIP expresa profunda preocupación por el allanamiento
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que manifiesta su «profunda preocupación por el allanamiento realizado hoy por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la vivienda de una periodista del The Washington Post«, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información clasificada.
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El FBI ejecutó una orden de registro en la casa de la periodista Hannah Natanson, corresponsal del The Washington Post, en Virginia, como parte de una investigación sobre la presunta retención no autorizada de documentos clasificados por parte de un contratista del Pentágono. Durante la acción se incautaron dispositivos personales y del medio, de acuerdo con reportes periodísticos. Las autoridades federales han defendido el procedimiento por motivos de seguridad nacional y la lucha contra filtraciones de documentos secretos, según informes de prensa.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que “este tipo de medidas, cuando involucran directamente a periodistas en el ejercicio de su labor informativa, constituyen una acción extrema que puede vulnerar principios fundamentales de la libertad de prensa, en particular la protección de las fuentes confidenciales, el secreto profesional y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.
Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, añadió que “la investigación de eventuales filtraciones de información no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico. El allanamiento de la vivienda de una periodista y la incautación de materiales de trabajo envían un mensaje preocupante que puede generar un efecto disuasorio tanto en los periodistas como en sus fuentes”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, recordó que, “conforme a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y a los estándares interamericanos de derechos humanos, cualquier interferencia estatal en la labor de la prensa debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y estar acompañada de salvaguardas claras para evitar el acceso indiscriminado a información periodística protegida”.
Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que “el uso de herramientas policiales o judiciales contra periodistas, aun bajo el argumento de la seguridad nacional, exige un escrutinio particularmente riguroso. La protección de las fuentes es un pilar esencial del periodismo independiente y su debilitamiento afecta directamente a la democracia”.
Bruce D. Brown, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés), expresó: “Los registros físicos de los dispositivos, hogares y pertenencias de los reporteros son algunas de las medidas de investigación más invasivas que pueden tomar las fuerzas del orden. Existen leyes y políticas federales específicas en el Departamento de Justicia que tienen por objeto limitar los registros a los casos más extremos, ya que ponen en peligro fuentes confidenciales mucho más allá de una sola investigación y perjudican la información de interés público en general…se trata de una escalada tremenda en las intromisiones de la Administración en la independencia de la prensa”.
En su último informe semestral sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos, la SIP documentó que, “en su segundo mandato como presidente, Donald Trump ha emprendido ataques directos contra los medios nacionales, impulsando una avalancha de demandas y ataques retóricos, y envalentonando a agencias federales”.
(Con información de Noticias DW y comunicado oficial de la SIP)