Fredmann Pacay, titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia.
Actualmente existen más de mil 470 casos de conflictividad agraria en el país, de los cuales algunos son históricos, dice el jefe de la Secretaría de Asuntos Agrarios, quien, además, considera que hacen falta herramientas políticas y legales y una fiscalía especializada para poder resolverlos.
Álvaro Alay
aalay@cronica.com.gt
¿Cómo está la conflictividad social en el país?
La conflictividad social se ha mantenido constante, y en nuestro caso los conflictos agrarios son temas estructurales e históricos.
¿Cuál es la situación de los conflictos agrarios?
Son alrededor de 7 mil 600 casos a los que se les ha dado tratamiento; sin embargo, en los últimos años vemos que hay un pequeño incremento de los mismos. El año pasado se resolvieron 470 conflictos agrarios que tienen ciertas características, disputa de derechos, especialmente porque en algunos de ellos no existe certeza jurídica de la propiedad y eso es lo que ha causado muchas desavenencias en el campo.
¿Hasta el momento cuántos casos registran?
Al mes de diciembre último se tienen en proceso mil 476 casos; sin embargo, solo en enero se recibieron 27 casos nuevos, lo que da una idea de la media mensual.
¿Cómo desarrollan la solución de estos conflictos?
Los conflictos tienen diversas causas, muchos de estos tienen un carácter histórico y tienen que ver con la estructura de la tenencia de la tierra en el país. Es por ello que se necesitan de herramientas eficaces para darle una respuesta integral a estos problemas y hemos hecho un esfuerzo de atender la conflictividad agraria de manera integral. Se ha trabajado y se tiene aprobada una política agraria donde se reconoce la importancia de los conflictos y se define el tratamiento que se les debe dar por medio de ejes esenciales.
¿Cuáles son?
Está el eje de acceso a la tierra, el eje de certeza y seguridad jurídica, pero también es importante brindar el acceso de otros activos productivos, para que podamos resolver los problemas que hay respecto a la conflictividad agraria.
¿Cómo afecta la gobernabilidad esos focos de conflicto?
Indudablemente, esa es una preocupación y obviamente el tratamiento que se le ha dado a los conflictos busca que exista gobernabilidad. Consideramos que la gobernabilidad del país se debe mantener, pero atendiendo los conflictos con responsabilidad.
¿Cuáles son las razones por las que se genera conflictividad?
Por problemas históricos, pero otros tienen que ver con que no se tiene la certeza jurídica. Por otro lado, encontramos que hay muchos procesos que realiza la institucionalidad pública; por ejemplo, el Registro de Información Catastral, quien durante el proceso catastral encuentra situaciones donde no hay certeza de la propiedad y ahí se generan nuevos conflictos.
¿Se tienen nuevos planes para mediar este tipo de conflictos?
Para darle tratamiento a los conflictos agrarios existe toda una estrategia y esas son las salidas que les damos a los conflictos. En esa medida, no puede cambiar la modalidad y metodología de atender los conflictos agrarios. Hay que hacer una serie de estudios para determinar soluciones, si no, en vez de mediar, podemos acrecentar la conflictividad.
¿Qué hace falta para tener soluciones más rápidas?
De 2005 al 2015, el Ministerio Público tiene registrado más de 32 mil posibles delitos por usurpación, usurpación agravada, entre otros; lo que nosotros vemos es que las dimensiones de la problemática son altísimas y algunos de esos casos que se están tratando por la vía penal se judicializan, y esos pasan a los tribunales, pero no tenemos tribunales agrarios y se tratan por la vía civil o penal, y se necesita en el Ministerio Público una fiscalía especializada en atender estos temas.
¿En qué partes del país se tienen más conflictos?
Tenemos un mapa de ubicación de los conflictos agrarios. Tomamos como referencia el occidente y oriente del país; es decir, Huehuetenango, pasando por Alta Verapaz y Baja Verapaz, hasta Izabal. Ahí están concentrados los conflictos agrarios, pero también sube al norte de Petén y baja un poco al centro del país. Si revisamos la población donde tenemos una alta concentración de pueblos indígenas, es donde están también los mayores recursos que tiene el país. Existen muchos intereses si nos vamos al Valle del Polochic y revisamos la historia, era un área eminentemente q’eqchi’.
¿Cuáles son los puntos más difíciles para solucionar estos problemas?
Lo que sucede es que en esta área están los problemas más agudos, como en el Valle del Polochic, donde se dieron desalojos y se otorgaron medidas cautelares a las familias que viven ahí. Se les da tratamiento de manera coordinada, el punto es que es muy compleja la situación y los recursos no son suficientes. También está Chixoy, con la construcción de la hidroeléctrica. En estos tiempos continuamos con la institucionalidad pública tratando de reparar el daño que se causó.
¿Existen problemas agrarios que no se puedan solucionar?
Hay conflictos históricos. Estuve mediando en conflictos agrarios hace años y ahora en esta secretaría, cuando vuelvo, estos conflictos todavía están, pero es por la complejidad de los casos. En El Estor –en Izabal– hay algunos casos donde hay multiplicidad de autores e intereses. Tenemos al Estado, donde encontramos fincas nacionales; tenemos a comunidades indígenas que también tienen derechos adquiridos, etc. Ha habido una serie de corrimientos de linderos, alteración de linderos, superposición de las mismas propiedades. Hemos encontrado que una finca está encima de otra, luego que otra persona tiene otra finca encima de estas dos. Es muy complejo darle tratamiento.
¿Se les puede dar solución a estos temas?
Necesitamos herramientas más eficaces, recursos financieros, voluntad política, aspectos técnicos que mejorar, pero también necesitamos legislación, la cual hasta ahora es insuficiente para darle tratamiento a estos conflictos, porque no hay una base legal fuerte o suficiente para poder entrar a resolver estos conflictos.
¿En temas financieros cómo se mantienen los conflictos agrarios?
No somos un ente ejecutor; buscamos mecanismos, entre ellos el Fondo de Tierras. En el pasado se hicieron algunas compras para resolver los conflictos agrarios, pero fue por medio del Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo para la Paz, pero no por esta secretaría. No es la función, pero puede tramitarlo. El año pasado no hubo ninguna compra, porque no hubo presupuesto. Actualmente se necesitan alrededor de Q9.2 millones para resolver o avanzar en la resolución del caso del Valle del Polochic, que es compra de finca. Eso lo hace el Fondo de Tierra.
¿Qué se espera para este año respecto de conflictos agrarios?
Lo que hemos visto es que puede haber una manifestación de interés por que se resuelvan muchos de los conflictos agrarios que se tienen. Recientemente se tuvo una marcha campesina que fue atendida por el vicepresidente de la República, y entre las peticiones que hicieron se incluían 150 conflictos agrarios, de los cuales ya revisamos y únicamente tenemos 51 casos. Esto nos indica que se está dando una manifestación y un interés marcado por que se atiendan los problemas agrarios. Creo que la estrategia es que, como hay un nuevo gobierno, se debe de poner sobre la mesa atención a esta problemática.