Más de 70 extrabajadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están desempleados, esto debido a una constante exclusión por haber trabajado en ese organismo, señala la carta de una de las profesionales que pidió omitir su identidad para no sufrir más criminalización.
Según con el documento, la discriminación laboral pone en dificultades la subsistencia de las familias de muchas personas y alcanza a personas que no manejaron expedientes, como es el caso del jardinero.
A continuación, les compartimos el texto de los ex empleados del ente internacional:
En diciembre de 2019, un día antes del día internacional contra la Corrupción tuve la oportunidad de escuchar a Michael Hershman, uno de los fundadores de Transparencia Internacional, en su intervención él fue muy claro de los costos personales para quienes luchaban contra la corrupción. Vetos, pérdida de trabajo, obstáculos para el desarrollo profesional y para sobrevivir.
Me sentí identificada con la afirmación de Hershman, porque yo lo estaba viviendo, tenía conocimiento que algunos de mis ex compañeros de trabajo también, en ese momento no sabía que más de 70 ex funcionarios guatemaltecos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estaban en la misma posición.
De la situación de los ex funcionarios de CICIG en general casi nadie habla, se conoce de los ataques a jueces y fiscales, pero no de las represalias por haber luchado contra la impunidad y corrupción en Guatemala, que se están manifestando de diversas maneras, criminalización, la exclusión en oportunidades de trabajo, exclusión de cónyuges de opciones laborales, despido por ser ex funcionario de CICIG y hasta suspensión de la contratación cuando se ha estado a punto de firmar el contrato, se nos está condenando a la pobreza.
El Acuerdo de CICIG era un acuerdo bilateral de derechos humanos, firmado por el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, para el Estado de Guatemala los ex funcionarios nacionales no somos gratos, el ejemplo más claro se ha visto en la actitud del Ministerio Público, que era la institución llamada a aprovechar las capacidades instaladas en el personal guatemalteco, especialmente de analistas criminales y analistas financieros, se ha negado a contratarlos.
Naciones Unidas siempre desconoció cualquier vínculo laboral con los funcionarios de CICIG. Se han tocado muchas puertas, se ha aplicado a vacantes ofertadas y hasta el momento no se ha obtenido resultado positivo para resolver la situación.
Cuando la lucha contra la corrupción no ha sido abanderada a título personal, sino como miembro de una organización como lo fue la CICIG y se conoce que del trabajo realizado se derivarán represalias, ¿por qué no se toman las medidas necesarias para que las personas no salgan afectadas?
Hace casi un año que la CICIG finalizó, más de 70 ex funcionarios guatemaltecos se encuentran atravesando por diversas necesidades, que han empeorado por la pandemia, no se cuenta con seguridad social para resolver temas de salud, hay quienes están a punto de perder sus viviendas por no poder pagar, otros se han deshecho de sus pertenencias más valiosas para sobrevivir, otros han trabajado de ayudantes de albañil, vendedores de fruta, etc. para poder llevar el pan a sus hogares, se ha tenido que acudir a la solidaridad de muchas personas para conseguir medicamentos para hijos de ex funcionarios con necesidades especiales.
Me pregunto ¿esta es la forma de incentivar a las personas a seguir trabajando contra la impunidad y la corrupción? ¿Es la manera de dejar a la gente que trabajó día y noche incansablemente para aportar su granito de arena a su país y luchar contra la corrupción?
Finaliza el mandato de la CICIG
Tras más de una década de trabajo, el 03 de septiembre de 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala finalizó su mandato en el país, esto luego que el presidente de Guatemala de ese entonces, Jimmy Morales, informara del cese de funciones de esa entidad.
La justificación de Morales se debió a que, según su criterio, había existido una “persecución ilegal” que “viola los principios y prácticas constitucionales y el mandato de la Cicig”.