El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, arrestado la semana pasada en Dallas, Texas y acusado de permitir que el cártel de Sinaloa traficara «con impunidad» toneladas de drogas a EEUU cambio de millonarios sobornos, será trasladado a Nueva York para ser juzgado, informó el martes la fiscalía de Brooklyn.
«García Luna renunció a tener una audiencia de detención hoy en Dallas, así que será trasladado al distrito este de Nueva York por el servicio estadounidense de alguaciles», dijo un portavoz de la fiscalía federal del distrito este de Nueva York, en un mensaje de correo electrónico.
La audiencia debía decidir si el acusado permanecía detenido hasta su juicio o si era liberado bajo fianza.
El exsecretario de Seguridad de México, de 51 años y residente en Miami, Florida (sureste), fue inculpado ante la Corte federal de Brooklyn de tres delitos de conspiración para traficar cocaína por ayudar al cartel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018.
Si es hallado culpable, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.
El gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición inmediatamente tras su arresto en Dallas.
De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.
Calderón aseguró la semana pasada que desconoce las acusaciones contra García Luna, y pidió un «juicio justo» para su excolaborador.
Durante el juicio del exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín «Chapo» Guzmán, en la Corte federal de Brooklyn, un antiguo miembro del grupo narcotraficante, Jesús «Rey» Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos en 2005 y 2007.
El exsecretario de Seguridad Pública negó entonces esas acusaciones, y dijo que constituían «mentira, difamación y perjurio».