El exministro de Gobierno (Interior) de Evo Morales, Carlos Romero, denunció este sábado desde un hospital donde aún está convaleciente que permaneció «secuestrado» dos días en su vivienda por activistas afines al gobierno provisional, que le privaron, dijo, de agua y comida.
«Me han tenido secuestrado en mi propia casa, han cerrado la llave de paso del agua, no tenía alimentos ni agua», dijo Romero en declaraciones a periodistas locales, señalando que «grupos de choque violentos» dispararon petardos contra su domicilio.
«Estaba secuestrado, soy un perseguido político, soy en este momento un símbolo de la persecución política», señaló Romero, que reveló que los policías que lo custodian «no están sólo en la puerta de mi habitación, sino dentro de mi habitación».
Simpatizantes del gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez autodenominados «Resistencia» se instalaron en la vivienda del exministro desde la madrugada del jueves. El viernes aún permanecía ahí una docena de personas, eventualmente lanzando pirotecnia. Este sábado, llevaron la vigilia, algunos con el rostro embozado, a las afueras del hospital donde Romero se repone.
El viernes la fiscalía boliviana abrió un proceso judicial contra Romero. En la puerta de su casa fue fijado un cedulón judicial que lo cita a comparecer el lunes ante la fiscalía anticorrupción de La Paz para responder por «uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes».
Romero, 53 años, fue llevado en camilla en una ambulancia con un cuadro de «hipertensión, dolor intenso por una úlcera activada y la ansiedad y depresión (…) asociada a una deshidratación moderada», según el médico Fernando Romero, quien atendió al exministro en su domicilio.
La médico de guardia del hospital, Marianela Siñani, dijo escuetamente a la prensa que Romero, que está desplazándose en silla de ruedas, «se encuentra estable. Se le está brindando toda la atención médica correspondiente».
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel había denunciado el viernes en un tuit «el terrible atentado contra la vida» de Romero.
El gobierno interino de derecha que asumió tras la dimisión de Morales en noviembre anunció el miércoles que investiga a 592 exautoridades del órgano ejecutivo del anterior gobierno.
Romero figuraba en la lista de la decena de exfuncionarios refugiados en la residencia diplomática de México, entre ellos otros cinco exministros de Morales. Sobre tres de ellos, Juan Ramón Quintana (Presidencia), Vilma Alanoca (Cultura) y Javier Zabaleta (Defensa) pesan cargos por sedición y terrorismo.
Romero no especificó cuándo ni por qué razón abandonó la legación mexicana.