- La exfiscal tuvo que salir del país por el acoso judicial que ha sufrido por su labor en la lucha contra la corrupción siendo encargada de la FECI en Quetzaltenango
Perseguida por el sistema de justicia de Guatemala, la exfiscal Virginia Laparra tuvo que salir del país «para preservar mi vida» y se convirtió en la primera exiliada durante el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y, aunque no es víctima de su Gobierno, su salida deja al desnudo la crisis de justicia y la fragilidad de la democracia guatemalteca.
Virginia Laparra cobró notoriedad al asumir como jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, pero luego se convirtió en una de las víctimas del Ministerio Público (MP) cuando principió la persecución de operadores de justicia que estuvieron involucrados en la lucha anticorrupción a finales de la década anterior y principios de esta.
Las reacciones sobre la falta de independencia de la justicia y sus efectos en la democracia no se han hecho esperar. En redes sociales y programas informativos se han escuchado voces que muestran su preocupación por la forma en que el MP y «ciertos jueces y magistrados» criminalizan a operadores de justicia y periodistas, con el común denominador de estar en contra de la corrupción y la impunidad imperante.
El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera lamentaron en la red social X la persecución que ha sufrido Virginia Laparra y atribuyen al sistema de justicia la culpa sobre la criminalización que hacen contra operadores de justicia y periodistas anticorrupción el MP y jueces coludidos.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, dijo que en el programa «A Primera Hora» de Emisoras Unidas que la justicia de Guatemala «está más grave que enferma», y que «es necesario crear conciencia en la población de que lo que está pasando le afecta», además de considerar que «la falta de independencia de algunos jueces » ha puesto en entredicho a todo el sistema de justicia.
Sobre su efecto en la democracia, Fernández Molina consideró que «está más cerca de la antesala de la muerte que de una sala de intensivo», precisamente porque la falta de justicia es evidente. Hizo ver que aunque el MP manipulara casos, «si los jueces resuelven conforme a la ley no accederían a todo lo que piden los fiscales».
En términos similares se pronunció la exfiscal general Claudia Paz y Paz, quien dijo que el «exilio es un castigo extremo y doloroso», pero que es el «mejor camino» para evitar capturas, procesos y sentencias espurias como las que se han dado en los casos de Laparra y el periodista José Rubén Zamora, también detenido ilegalmente y sometido a procesos plagados de irregularidades.
Laparra, persecución implacable
El 22 de febrero de 2022, Virginia Laparra fue detenida bajo acusaciones de abuso de autoridad, supuestamente por revelar «información confidencial» en su calidad de jefa de la FECI. Recuperó su libertad luego de dos años y luego fue sometida a otro proceso judicial, en el que también se le condeno recientemente, aunque permanecía gozando de la libertad condicional.
Durante su tiempo en prisión, Laparra enfrentó condiciones duras y restricciones severas, que fueron calificadas como «arbitrarias» por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. En enero de 2024, después de casi dos años en prisión, fue liberada bajo arresto domiciliario, aunque continúa enfrentando procesos judiciales
El caso de Laparra ha generado indignación internacional. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han condenado su detención y la declararon en su momento «prisionera de conciencia». Estas organizaciones argumentan que los procesos en su contra son un intento de silenciar su trabajo y desalentar la lucha contra la corrupción en Guatemala
Virginia Laparra sigue siendo una figura emblemática en la lucha contra la corrupción en Guatemala, a pesar de los desafíos legales y personales que enfrenta. Su caso resalta la vulnerabilidad de los operadores de justicia en contextos de alta corrupción y la necesidad de proteger a quienes se dedican a esta ardua labor, tal como lo han señalado organismos internacionales y juristas locales independientes.