Exigen justicia al recordar a miles de víctimas de la guerra civil en Guatemala

Decenas de indígenas, activistas y sobrevivientes de la guerra civil que desangró Guatemala entre 1960 y 1996 demandaron este martes justicia al recordar a las miles de víctimas del enfrentamiento armado.

«A 24 años de finalizada la guerra y firmada la paz, seguimos considerando que los atropellos que sufrió el pueblo no han sido asumidos por el Estado», dijo la líder indígena Juan Tipaz, durante un acto en la capital por el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. 

Tipaz, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas, lamentó que la mayoría de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra sigan en la impunidad, y denunció que muchos de los sobrevivientes permanecen en condiciones «precarias y desamparados».

Desde 2004, Guatemala conmemora un día nacional para recordar a los 200 mil muertos o desaparecidos que dejó la guerra civil, según reveló un informe auspiciado por la ONU.

La conmemoración coincide con la fecha de 1999 cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) presentó su reporte sobre los vejámenes cometidos en la guerra.

«Justicia y una reparación justa e integral son la base para la no repetición del pasado», agregó Tipaz, mientras mujeres indígenas levantaban cruces de madera y velas con los rostros de víctimas de masacres.

Durante el conflicto armado se perpetraron 669 masacres, principalmente a manos de fuerzas estatales en comunidades mayas en el oeste del país, de acuerdo con la CEH.

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), explicó a la AFP que los casos llevados a la justicia contra la cantidad de hechos violentos cometidos durante la guerra son «casi nada». 

Mencionó que los procesados y condenados, muchos de estos militares, no superan el centenar.

«No es venganza sino justicia lo que se quiere», agregó el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, durante la conmemoración.

Los participantes también demandaron un «presupuesto digno» para un programa estatal de resarcimiento para las víctimas de la violencia durante el conflicto armado.

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