Por: Enma Reyes
El exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Andrei González, denunció penalmente a la fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por los delitos de abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción de la justicia, por haber obstaculizado las investigaciones del caso Financiamiento Electoral Ilícito en contra de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En la acusación presentada en la Oficina de Atención Permanente del MP, González relata que Porras tenía pleno conocimiento del caso de la UNE desde mayo de 2018, y en una reunión sostenida en octubre de ese mismo año, con personal de la FECI y la CICIG, se procedió a explicarle de manera precisa los hechos indagatorios, proporcionando así todos los elementos de investigación.
De acuerdo con el exfiscal, el investigador de la CICIG le entregó a la jefa del MP el informe financiero, el cual constaba de 147 páginas, para poder accionar penalmente contra Sandra Torres, Gustavo Alejos, Mario Leal Castillo, así como en contra de los diputados: Orlando Blanco, Karina Paz, Jairo Flores, Jorge Estuardo Vargas y Julio Ixcamey.
Según la denuncia, en una reunión celebrada el 5 de diciembre del año pasado, la fiscal Porras les indicó que no había revisado el informe financiero entregado por el ente internacional, por lo que lo haría al día siguiente, lo cual no cumplió.
El 22 de enero del año en curso, el secretario de Política Criminal del MP, y la fiscal general Porras, autorizaron a la FECI accionar en contra de las personas señaladas hasta el 5 de febrero, fecha en que Sandra Torres gozaría de inmunidad por estar inscrita como candidata a la Presidencia.
“De manera relajada, la Fiscal General manifestó que entonces iba a tocar presentar antejuicio pero que ella y el secretario de política criminal ya había decidió que no se presentara el caso antes del 5 de febrero bajo el falaz argumento que antes de esa fecha no se presentaría ninguna acción en contra de candidatos que participaran en las Elecciones Generales de 2019”, indica la denuncia.
“Más que una simple coincidencia, resulta evidente que la fiscal general Consuelo María Porras Argueta y el secretario de Política Criminal, Julio Cordón de manera coordinada obstruyeron la judicialización del caso en favor de Sandra Torres y así le dieron ventaja para que esta pudiera recibir su credencial ante el Tribunal Supremo Electoral para así gozar de inmunidad”, reitera el documento.
El caso en contra de Torres se dio a conocer el pasado 6 de febrero, un día antes, la exprimera dama había sido inscrita por el TSE y gozaba de inmunidad.