Los exdiputados Alfredo Rabbé Tejada, Edgar Cristiani Calderón, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Organismo Legislativo, José Luis Mijangos Contreras, vinculados en el caso Plazas Fantasmas y quienes gozaban de arresto domiciliario, regresaran a prisión preventiva. La cárcel de Mariscal Zavala será el lugar donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso en su contra.
La orden emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, obedece a una resolución emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones quien declaró con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público y la CICIG en contra de las medidas sustitutivas que habían favorecido a los sindicados.
Los excongresistas fueron beneficiados el pasado 31 de mayo por dicha judicatura a una multa de Q100,000.00 y arresto domiciliario, asimismo quedaron ligados a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
La investigación preliminar desarrollada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad, detalla que los cuatro están presuntamente vinculados a contrataciones de personal de forma irregular e ilegal en el Organismo Legislativo.
De acuerdo con las pesquisas, los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República en los años 2014-2015 realizaron un gran número de contrataciones; se determinó que varias de las personas contratadas no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole.
Los hechos
Mijangos Contreras en el año (2014-2015) se desempeñó como Director General del Congreso fueron contratados por lo menos 87 asistentes asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente. Además, suscribió los contratos de 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas.
Cristiani Calderón solicitó la contratación bajo el renglón 022 de 19 personas en el año 2015; al menos cinco personas cobraban su salario y no asistían a sus labores, dos de ellas trabajaban en otras instituciones del Estado y tres en la iniciativa privada.
Herrera Quezada solicitó la contratación a cargo del renglón 022 de 20 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría. Se presume que siete personas cobraban su salario y no asistían a sus labores.
Rabbé Tejada pidió la contratación bajo el renglón 022 de 21 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría. Se identificó al menos tres personas que cobraban su salario, pero no asistían a sus labores, pues dos de ellas trabajaban en empresas privadas y la otra en Aeronáutica Civil.