La Comisión Permanente del Congreso de la Republica autorizó el pasado 19 de diciembre el pago de prestaciones a los diputados que no lograron su reelección -110-. De acuerdo con el acta 7-2019, el pago se haría luego de que dejaran el cargo.
Los parlamentarios resolvieron que las direcciones General, Financiera, Recursos Humanos y Auditoría Interna serán las encargadas de hacer las gestiones que correspondan para quienes lo soliciten. Esta decisión podrá representar un gasto de hasta Q80 millones al Organismo Legislativo.
En declaraciones a medios de comunicación, el vicepresidente del Congreso, Luis Rosales, indicó que por el momento la Junta Directiva no ha conocido ninguna solicitud de indemnización, por lo que desconoce cuántos exdiputados han pedido ese pago. Sin embargo, recordó que existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que define que las personas electas por sufragio no puedan ser indemnizadas.
Algunos exlegisladores han pedido su indemnización. Tal es el caso del excongresista Iván Arévalo, quien podría recibir Q700 mil pues se desempeñó en el cargo por 25 años.
Para Óscar Chinchilla, expresidente del Congreso, aseguró que será la primera vez que ese organismo pague indemnización a los exdiputados.
El salario de un diputado es de Q29 mil 150 y la petición de la indemnización se basa en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso, que menciona los derechos de los diputados y en un inciso se establece que recibirán sus prestaciones legales sobre el monto total de los ingresos.
Otros diputados no dudan de que los exparlamentarios se vayan a los juzgados laborales para que les hagan efectivo el pago de sus prestaciones. Ante ello, Allan Rodríguez, actual presidente del Congreso, afirmó que acatarán la orden que indique un tribunal, porque existen puntos en contra, ya que en la Ley hay ambigüedad.