El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció este domingo desde su cuna política en la región central de Cochabamba después de tres semanas de protestas contra su polémica reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
«Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales», dijo Morales a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas el día siguiente de los comicios del 20 de octubre.
Horas antes, Morales había convocado a nuevas elecciones tras una auditoría de la OEA que detectó «serias irregularidades» en los comicios, pero la medida no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas y la Policía solicitaron su renuncia, sumándose a un pedido de líderes opositores.
«Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia», dijo el general Kaliman ante la prensa.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dimitió también.
En medio de una nueva ola de violencia, ministros y funcionarios habían renunciado en bloque a sus cargos.
Disconformes con los anuncios de nuevos comicios, opositores que pedían la renuncia de Morales atacaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, en Potosí (suroeste), que tras lo ocurrido renunció a su cargo.
El ministro de Minería, César Navarro, presentó igualmente su renuncia luego de que su casa, también en Potosí, fuera incendiada por un grupo de opositores. Le siguió la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
Las protestas posteriores a los comicios causaron tres muertes y al menos 383 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
La violencia se expandió este domingo. Al menos tres heridos, uno por arma de fuego, dejó una emboscada en una zona del altiplano contra autobuses con opositores que viajaban hacia La Paz.
«Irregularidades»
Bien temprano, la OEA emitió en un comunicado: «La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente (…) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral».
Según la OEA, «en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas».
La Fiscalía General de Bolivia abrió luego una causa contra los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afines al presidente Evo Morales, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas por la OEA.
Morales, en el poder desde 2006, había accedido a un cuarto mandato hasta 2025 en primera vuelta con el 47,08% de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de Mesa (36,51%), según el cómputo oficial objetado por la oposición.
Repercusión internacional
En el Vaticano, el papa Francisco había exhortado en su oración matutina a los bolivianos a esperar en «paz y serenidad» los resultados de la auditoría.
Tras conocerse el resultado, Estados Unidos pidió a la OEA que envíe una misión a Bolivia para asegurar que las nuevas elecciones sean «libres y justas».
En tanto, Cuba respaldó a su aliado Morales y llamó a condenar la «aventura golpista del imperialismo y la oligarquía» en Bolivia, según su cancillería.
«Manipulaciones de magnitud»
Las protestas que estallaron tras los comicios comenzaron en la región oriental de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, y se extendieron a otras ciudades, incluida La Paz.
El sábado habían sido incendiadas las casas de dos gobernadores partidarios de Morales, así como la de Esther, hermana del presidente, en Oruro (sur).
El sábado, Morales había convocado a los partidos opositores a un diálogo -al que se negaron-, excluyendo a los poderosos comités cívicos regionales que lo tenían cercado con protestas.
Los paros causaron pérdidas por unos 12 millones de dólares, según cifras oficiales.
La oposición había rechazado la auditoría de la OEA por considerarla una decisión «unilateral».
Además, la oposición reprocha al mandatario que desconociera un referendo de 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser candidato.