Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala bloquearon esta mañana algunos accesos del Congreso de la República, para exigir transparencia en el manejo de fondos públicos, específicamente, en el préstamo de US$120 millones entre la USAC y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En una de las consignas colocada en la 8ª. Avenida por parte de los manifestantes se puede leer: “No más deuda pública”, así como «Murphy, la USAC no es tu finca”.
De acuerdo con Eduardo Arreola, representante del sector estudiantil de la USAC, es lamentable que las autoridades de esa casa de estudio pretendan reformar el Artículo 5 del decreto 3-2019, en el cual se establece las formas de la distribución del dinero. “Quieren dejar sin garantía varios centros universitarios departamentales así como escuelas no facultativas sobre la distribución de dicho préstamo”, explicó.
Arreola, además, aseguró que casi el 40 por ciento de ese aporte económico quedarían en las arcas de la administración de la Universidad de San Carlos, “por lo que no tiene ningún sentido ya que ese dinero se utilizaría para la descentralización de la enseñanza superior universitaria”.
“Además, nos solidarizamos con los catedráticos de Calusac y del Programa Académico Preparatorio, quienes han sido objetos de represión laboral porque ni el rector ni el Consejo Superior Universitario han agilizado el pago de sus salarios”, puntualizó el líder estudiantil.
Los manifestantes también expresan su descontento por el mal manejo de préstamos en medio de la crisis económica y sanitaria que vive el país a causa de la pandemia Covid-19, por lo que llaman a más personas a acercarse para protestar.
Aprueban préstamo .
El 27 de marzo de 2019, el pleno del Congreso de la República aprobó con 115 votos a favor el decreto 3-2019, el cual contempla el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica de US$120 millones para invertir en infraestructura y equipo nuevo para la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El aporte económico serviría para la infraestructura en centros departamentales y por los cuales el Estado de Guatemala deberá pagar en un plazo de 20 años y para ello la Usac tendrá que adherirse al sistema Guatenóminas y cumplir con informes mensuales al Fondo de Revisión del Congreso mensualmente.