Secretaría de la Presidencia, la nueva FECI y exministro Sinibaldi apuntan en esa dirección
El sector oficial ha puesto en marcha una estrategia para desacreditar la publicación del medio salvadoreño «El Faro», la cual presentaba información y detalles de un supuesto acuerdo para financiamiento ilegal de la campaña electoral del presidente Alejandro Giammattei, por medio de sobornos provenientes de contratos de construcción de carreteras.
La primera reacción la dio el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López Oliva, quien dijo que se trata de «argumentos falsos» y aseguró como «prueba irrefutable» se puede mostrar que el exministro José Luis Benito no fue confirmado en el cargo por Giammattei, aunque nada dijo el vocero sobre las obras que fueron asignadas durante la administración de Giammattei a las empresas constructoras que abrían dado el dinero para la camapaña.
Luego, ayer por la tarde, el nuevo fiscal encargado de la FECI, el cuestionado Rafael Curruchiche, dijo que se ha presentado una denuncia por supuesta filtración del expediente que correspondía a el caso mencionado en la publicación de «El Faro», haciendo énfasis en que hay un delito de por medio, por tratarse de un caso «en reserva».
sin embargo, el vocero presidencial negó que existiera algún caso abierto para investigar las declaraciones del «Testigo A», quien indicó que el mandatario había recibido Q20 millones de las empresas constructoras por medio del exministro Benito.
Benito está implicado en un cuantioso caso de blanqueo de dinero –proveniente de sobornos–, luego que se descubrieran Q122 millones en efectivo en una casa rentada por él en Antigua Guatemala. el exministro y hombre cercano a al expresidente Jimmy Morales se entregó después de permanecer más de un año prófugo de la justicia y ahora guarda privisón preventiva.
La tercer figura que salió para desacreditar a la publicación de «El Faro» fue el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien presentó los mismos argumentos que Curruchiche y que el vocero presidencial, lo que muestra una reacción orquestada para desacreditar el trabajo de investigación periodística.
Lo que dice la publicación.
A continuación, algunos párrafos de la publicación de «El Faro», la cual está firmada por el periodista José Luis Sanz, quien intentó tener la versión de la Presidencia:
Un testimonio bajo custodia de la jueza Erika Aifán asegura que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negoció en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito un aporte de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral a cambio de mantener a Benito en el cargo un año, para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales. Una segunda fuente que trabajó con Giammattei confirma a El Faro la existencia de ese acuerdo. El FBI y el Departamento de Estado tienen desde hace meses copia del testimonio.
En los documentos oficiales se le nombra como “Testigo A”, y su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, presidido por la jueza Erika Aifán. Un ex hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le acusa de haber negociado la entrega de 20 millones de quetzales —2.6 millones de dólares— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
El testigo asegura que en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega. En presencia del actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
En los documentos oficiales se le nombra como “Testigo A”, y su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, presidido por la jueza Erika Aifán. Un ex hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le acusa de haber negociado la entrega de 20 millones de quetzales —2.6 millones de dólares— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
El testigo asegura que en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega. En presencia del actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
Afirma además que el aporte a la campaña de Giammattei se les haría llegar a través de agentes de la Policía: “Giorgio Bruni le pregunta a José Luis Benito, en altavoz, que cómo iban con el tema, y [dice] que estaba presente y escuchándolo Alejandro Giammattei. Benito responde ‘ya está todo listo, lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación’, en ese entonces de apellido Degenhart, ‘para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen’”.
La declaración se grabó bajo reserva en presencia de la jueza, dos fiscales y una abogada defensora el 18 de mayo de 2021, en una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020, tras encontrar 22 maletas con cerca de 16 millones de dólares en efectivo en una casa de Antigua Guatemala alquilada por Benito. Por ese caso está acusado de lavado de dinero el exministro de Comunicaciones y se investiga también a Bruni.
El testigo enumera doce proyectos de construcción de carreteras supuestamente ligados a aquel pacto, que suman contratos con cuatro empresas distintas por más de 1,471 millones de quetzales (191 millones de dólares). Documentos oficiales muestran que once de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución. Uno más está en este momento en licitación abierta. Según investigadores del Ministerio Público de Guatemala, Benito y Giammattei se comprometieron a facilitar a estas empresas adelantos de pago o nuevas adjudicaciones a cambio del financiamiento para la campaña.
Una segunda fuente en el equipo de campaña de Giammatei ha corroborado a El Faro la existencia del acuerdo con José Luis Benito. Asegura haber estado a finales de agosto de 2019 en una reunión privada en la que Giorgio Bruni, Miguel Martínez y el ya presidente electo Alejandro Giammattei “dijeron que habían trabajado con empresas constructoras a través del Ministerio de Comunicaciones para financiar su campaña”.
Esta fuente relata varias ocasiones en las que en 2019 escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno, y en una ocasión al mismo Giammattei decir que “mantenía la oferta de que continúe siendo ministro de Comunicaciones”. Asegura que también presenció cómo, a medida que se acercaba el traspaso de mando presidencial, se repetían las discusiones entre Bruni y Giammattei por la intención de este último de no cumplir el compromiso.
Benito no siguió finalmente en el cargo, pero aún así siete de los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la FECI, con un presupuesto total de más de 83 millones de dólares, fueron adjudicados a lo largo del primer año de gobierno de Giammattei a empresas constructoras consideradas afines al exministro, entre las que destaca Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad del empresario Alejandro Matheu Escamilla.
¿Investigan al presidente?
El Departamento de Estado y el FBI tienen desde hace meses copias de la declaración del testigo A. El Faro obtuvo la grabación completa a través de alguien ajeno al Ministerio Público y al tribunal. Aunque en la audiencia la voz del testigo fue distorsionada para protegerlo, por seguridad El Faro sometió el audio a un segundo proceso de distorsión antes de difundirlo. Este periódico conoce la identidad del testigo, comprobó su relación con Giammattei, y tres fuentes confirmaron la autenticidad de la grabación.
El New York Times hizo el pasado octubre una breve referencia a la existencia del Testigo A, en un artículo en el que reveló que otro testigo dijo en julio a la FECI haber entregado en casa del presidente Giammattei una alfombra enrollada llena de dinero. El efectivo era, supuestamente, parte del soborno de una empresa minera respaldada por Rusia para que Giammattei le otorgara la operación parcial de un puerto guatemalteco.
Es difícil saber cuál de los dos testimonios pesó más en la decisión de la fiscal general Consuelo Porras de destituir, el 23 de julio, al entonces jefe de la FECI , Juan Francisco Sandoval. La misma noche que salió de Guatemala hacia el exilio, Sandoval denunció en una entrevista exclusiva con El Faro que una de las razones de su destitución fue que la investigación del dinero de Antigua apuntaba al presidente Giammattei y a “pagos de constructores para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña política”.
En los meses siguientes, Porras desarticuló por completo el equipo de fiscales que estaban a cargo de ambas investigaciones y ha hecho lo posible por obstaculizarlas. El 25 de agosto el nuevo responsable de la FECI, José Rafael Curruchiche, envió por orden de Porras un memorándum a todo el personal de la fiscalía especial en el que les preguntaba oficialmente “si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”. Los fiscales se acogieron a la reserva de los casos para no responder.
Esta es parte de la publicación de «El Faro» que ha conmocionado en el medio político guatemalteco.