La administración de los mandatarios Joe Biden y Kamala Harris lanzó la primera estrategia de los Estados Unidos para contrarrestar la corrupción.
En la misma se describe un enfoque de todo el gobierno para mejorar la lucha contra este flagelo y se hace especial hincapié en comprender mejor y responder a las dimensiones transnacionales de la amenaza.
Ello, incluso mediante la adopción de medidas adicionales para reducir la capacidad de los actores corruptos de utilizar los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para ocultar activos y blanquear el producto de actos corruptos.
Rendición de cuentas para los gobiernos
El Objetivo Estratégico 3.4 busca establecer la capacidad de los gobiernos asociados extranjeros, entre ellos Guatemala, para lograr la rendición de cuentas de manera justa y equitativa. Según lo expuesto por la Casa Blanca, lo anterior está directamente relacionado al fortalecimiento de la capacidad de investigación y enjuiciamiento.
“A través del Departamento de Justicia, el Estado y la USAID, los Estados Unidos intensificarán la cooperación y la asistencia a los países con la voluntad política necesaria para actividades relacionadas con la corrupción, incluso mediante el establecimiento de marcos jurídicos y reglamentarios, el fortalecimiento de la detección y la supervisión de la capacidad, la mejora de las instituciones y los procesos de rendición de cuentas”, indicó la administración.
Como ejemplo detalla que ese EE.UU. ampliaría el número de asesores legales para capacitar y dar tutoría al Ministerio Público (MP), facilitando a fiscales y fuerzas del orden expertos estadounidenses para ayudar en los casos de corrupción, incluso los que tocan a la nación norteamericana.
Además, se habla de apoyo al ente investigador mediante tutorías. Sin embargo, la cooperación que ese país brinda al MP de momento está suspendida, decisión tomada luego de la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Mientras tanto, en el punto 5.2 se establece proteger a los actores anticorrupción y destaca el programa Prosafe, de Usaid, que apoya el periodismo de investigación en entornos donde los periodistas de varios países, también Guatemala, están amenazados por organizaciones criminales y/o enfrentando presiones y censura.
Es de mencionar que la estrategia de la administración Biden-Harris sobre corrupción, habla de reducir la capacidad de actores corruptos de utilizar el sistema financiero de ese país para esconder sus bienes producto de hechos ilícitos.
De hecho, hay varios guatemaltecos que están en la lista de actores corruptos, donde figuran diputados y magistrados en activo, exlegisladores, expresidentes, excandidatos presidenciales, abogados y la fiscal general del MP, Consuelo Porras.