Conversatorio con Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La consolidación de la lucha contra la impunidad aún está lejos, deja entrever durante la entrevista el máximo jefe de la CICIG. Sereno y categórico en sus respuestas, Velásquez, quien vestía una camisa a cuadros y corbata con tonos de color rojo y azul, asegura que no le preocupan las campañas de desprestigio y que estas pretenden impedir que se profundicen las investigaciones contra poderes que han generado corrupción e impunidad. Considera, además, que siempre existe la posibilidad de que la conspiración no se quede en el ámbito del descrédito y se pueda llegar al atentado físico.
No se puede dar mucha cabida al temor porque paraliza, añade, quien encabeza junto a la fiscal general, Thelma Aldana, una lucha sin precedentes contra las estructuras criminales que han vivido de saquear al Estado y de generar impunidad.
¿Qué tan frágil es el proceso de cambio y lucha contra la impunidad en el que estamos?
Siempre hay un propósito de quienes han tenido control ilícito, capturado el Estado o de quienes han podido vivir a sus anchas en ambientes de impunidad, de mantener esta situación de corrupción; de manera que cuando hay procesos de transformación, como los que actualmente se estan llevando, son una lucha entre ese querer de la delincuencia y la aspiración social. Es por ello que la resistencia a la transformación es todavía mucho mayor por el poder que esas estructuras sustentan. Todavía no hay una consolidación de la nueva sociedad o de la nueva justicia.
¿Qué hace falta para lograr esa consolidación?
Me parece que los puntos más importantes son que exista también un sistema de justicia más moderno, independiente, que se pueda garantizar que están todas las condiciones para que jueces y magistrados puedan actuar con absoluta independencia, cuando haya un fortalecimiento del sistema de justicia y esto es del Ministerio Público y todas las instituciones del sistema de justicia, cuando haya una mayor fortaleza institucional podríamos pensar que pasamos el umbral del no retorno. Estamos en riesgo de retorno, todavía no hay una fortaleza suficiente ni desarticulación tan profunda de las estructuras, para pensar que no se pueden recomponer.
¿Cuánto falta para atravesar ese umbral del no retorno?
Si miramos desde el fortalecimiento de las instituciones de justicia, eso depende de qué tan lejos estamos de que el Estado pueda destinar los recursos necesarios para que esa fortaleza se produzca, porque todo esto tiene un componente naturalmente de voluntad, pero también mucho de recursos, no basta con querer sino con poder. En el Ministerio Público hay voluntad para investigaciones, pero no hay capacidad para hacerlo y lo mismo pasa con los otros órganos de justicia.
¿Cómo ven las campañas de desprestigio?
Pretenden reabrir el debate de la soberanía, lo que yo veo detrás de eso es una pretensión por impedir que las investigaciones puedan profundizarse, es una discusión que tiene en el fondo un propósito de afectar la lucha contra la impunidad. Pero fue una decisión soberana de Guatemala pedir la colaboración a Naciones Unidas para establecer una comisión de esta naturaleza, no fue impuesta.
¿Les preocupa que traten de desacreditar las investigaciones?
Las campañas de desprestigio que se pretenden hacer contra personas, instituciones o investigaciones, son una reacción normal de las estructuras que se resisten a desaparecer. Todas las campañas de desprestigio tienen por finalidad que la sociedad pierda credibilidad de instituciones o acciones en contra de la impunidad.
¿Cómo ve que medios de comunicación se vean inmiscuidos en esto?
Me parece que los hechos son reveladores y contundentes; además, hay medios de comunicación de radio, televisión y escritos que presentan información objetiva o simplemente informan lo que está ocurriendo a la población, la confianza es que esa información que también llega a la población sea suficiente para que no se dejen engañar con manipulaciones. Creo que sería un interesante ejercicio, para demostrar si la campaña que ha crecido obedece a la acción de la justicia, observar quiénes hacen estas campañas, cuál ha sido su actitud desde abril del año pasado hasta el momento y en qué momento específico se recrudeció la campaña, para poder entender si responde a una afectación directa o si es un proceso objetivo.
¿Qué más puede venir además de campañas de desprestigio?
Cuando hay acciones concretas de justicia contra el crimen organizado tratando de desarticular esas estructuras, como lo enseñaron los italianos en la lucha contra las mafias, entre ellos Giovanni Falcone (juez italiano asesinado en 1992 por la mafia italiana), es que puede haber procesos de reacción ascendentes, hasta el atentado físico. Es una posibilidad siempre en la acción decidida contra estructuras criminales.
¿Lo han amenazado?
Yo no habló de eso. Todos sentimos temor y eso es natural, no tuviéramos naturaleza humana si decimos que superamos el temor. También he insistido siempre en que uno no puede darle mucha cabida al temor porque paraliza, y lo que se pretende es paralizar, neutralizar e impedir que se actué. Cuando uno se pone a pensar mucho en los riesgos que se puede sufrir por una acción como la que se viene desarrollando, corre el riesgo de neutralizarse uno mismo; entonces, es mejor conocer la realidad y saber que cuando se enfrentan situaciones de estas hay un evidente riesgo, una confianza en que las reacciones no lleguen a niveles de esa categoría. Para mí, particularmente, la vida siempre es un peligro de muerte, mientras uno esté vivo se puede morir.
¿Han estimado cuánto tiempo tomará que se dicten sentencias en los casos de corrupción que se han llevado a tribunales?
Realmente no hemos estimado tiempos, uno aspira que sea lo más ajustado posible a los tiempos legales. Sin embargo, en Guatemala y toda la región latinoamericana, el cumplimiento de los términos procesales es muy difícil, me parece que medidas como las que viene adoptando la Corte Suprema de Justicia, con el establecimiento en primer término del Tribunal de Mayor Riesgo C, son medidas que van conduciendo a términos más rápidos en estos procesos.
¿Hay algunos sectores a los que les preocupa que se atrasen los procesos y las sentencias hasta cuando ya no esté la Comisión en el país?
Si consideramos que la CICIG tiene un mandato renovado hasta septiembre de 2019, creo que no hay motivos de preocupación de unos; o esperanza de quienes consideren que podría dilatar su proceso hasta que la Comisión salga del país, estos últimos van a quedar desilusionados, porque no solo estará hasta 2019, sino que el presidente Jimmy Morales ha ofrecido públicamente que pedirá la extensión de 2019 a 2021. Creo que hay suficiente tiempo para esto.
La cooptación del Estado se da en los tres poderes del Estado. ¿Cree que la corrupción en el Organismo Judicial puede botar algunos procesos?
Siempre actuamos confiados en que jueces y magistrados, como todos los intervinientes en los procesos, actúen dentro de los marcos legales, que las decisiones de jueces y magistrados siempre estén orientados en la prueba que se presente a consideración de ellos, libres de presiones de toda naturaleza; específicamente, de quienes pueden estar vinculados en algún proceso o de la presión social que se pudiera ejercer o que se considerara nuestra intervención como un mecanismo de presión.
¿Cuál es su relación con la fiscal Thelma Aldana?
La relación ha sido muy buena desde el principio. Nos entendemos muy adecuadamente, tenemos buen nivel de comunicación y compresión, compartimos la misma aspiración de lucha por la justicia. Nosotros platicamos con mucha frecuencia, todos los días nos reunimos hasta cuatro veces; es decir, de acuerdo a las circunstancias, las reuniones las sostenemos en el Ministerio Público o en la CICIG, o bien con los equipos de trabajo. Aun ahora que la Fiscal lleva unas semanas fuera del país, continuamos en comunicación.
¿Cuáles son los criterios para llevar a cabo una investigación?
Desde el año 2008 existe un convenio entre la CICIG y el Ministerio Público, fue firmado por el comisionado Carlos Castresana y el fiscal Juan Luis Florido, y en ese acuerdo se establece la manera en que se relaciona la CICIG y el Ministerio Público, determina un mecanismo para la cooperación en la investigación criminal, y ese convenio lo hemos renovado, por lo que si la fiscal encuentra que un tema particular debería de tener el acompañamiento de la comisión en la investigación, hace la petición. Lo hizo por ejemplo con el lago de Amatitlán, me envió la comunicación diciendo que es un tema que le interesa sea acompañada la investigación por la CICIG. También puede ser en sentido inverso, nosotros tenemos alguna denuncia que verificamos y definimos que está de acuerdo con el mandato y que es importante, y tenemos la capacidad para asumirla, en ese momento le escribo a la Fiscal y le solicito que se empiece una investigación y ella acepta y se principia la investigación o puede ser que la investigación se esté adelantando en alguna fiscalía y conversamos.
¿Tiene que ser una decisión consensuada?
Los dos debemos estar de acuerdo. En todo este tiempo que llevamos no hubo un solo punto en desacuerdo, en ninguna ocasión ella ha dicho que se haga algo y yo he tenido el criterio contrario o yo he expresado algo y ella ha tenido el criterio contrario. Siempre hemos aceptado la posición del otro; sin embargo, constantemente verificamos si está dentro del mandato de la CICIG, no es solo porque se quiera, sino porque se debe ajustar en el mandato que establece, el cual consiste en el acompañamiento para identificar, perseguir, desarticular, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Se ha tenido un despertar ciudadano, ¿cómo mantenerlo enérgico?
Hay que seguir fomentando mecanismos de participación ciudadana en asuntos públicos o del Estado, buscar formas de expresión de la ciudadanía que signifiquen también mantener el interés en los asuntos públicos; es decir, que no sea solo una actuación reactiva, sino que sea en efecto una actitud participativa.
¿Quiénes deben intervenir en el fomento de mecanismos de participación?
Un papel fundamental lo tiene el Gobierno, de promover campañas de cultura de legalidad, de demostrar con su acción el respeto por la legalidad. Pero también todos los órganos del Estado deben intervenir en la profundización de este respeto por la legalidad, de manera que se pueda pasar de esa aceptación casi ya sumisa que había frente a la corrupción o impunidad en el pasado, a una actitud de respeto por la legalidad, porque vivir en una cultura de legalidad sirve además como un mecanismo de control social frente a las posibilidades de desviación de servidores públicos que pretendan enriquecerse en lugar de cumplir con su obligación de prestar el servicio público.
¿Estos casos dan confianza a la población sobre un sistema funcional?
Exactamente. Por eso es que esta es una coyuntura tan importante para el país, cuando decimos que este es el momento histórico para que Guatemala supere ese estado anterior y llegue en camino hacia la modernización, es justamente por eso. Hay una actuación positiva evidente en los órganos de justicia, que se ha generado en muy amplios sectores de la sociedad, hay resultados tangibles que todos observan, lo que ha originado un ambiente diferente y expectativa por mayores logros.
¿Cómo marchan los consensos en las reformas al sector justicia?
El hecho de que personas que probablemente nunca se habían sentado en el mismo espacio y que uno no escuchaba al otro, ahora han tenido la voluntad de sentarse en la misma mesa y de escucharse y conversar y de pronto encontrar coincidencia que antes creían que no podían existir por ideologías o posiciones en el Estado.