La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a tres ciudadanos cubanos en base a la Ley Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos en relación a la represión de las protestas que se dieron en el país caribeño el pasado mes de julio.
En esta nueva ronda de sanciones, que es ya la cuarta desde el inicio de las manifestaciones, se ha señalado a Roberto Legra y Andrés Laureano González, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar), y a Abelardo Jiménez, empleado del Ministerio de Interior (Minint), ha explicado el Departamento estadounidense en un comunicado.
«El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al Gobierno cubano perpetuar el abuso de los Derechos Humanos», ha aseverado la directora de OFAC, Andrea Gacki. «La acción de hoy expone a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los Derechos Humanos», ha dicho.
Según el Tesoro, Legra, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas, desplegó las tropas de prevención para hacer frente a las protestas. González, por su parte, es el jefe del Ejército Central dependiente del Minfar, mientras que Jiménez es el respnsable de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Minint, y responsable del trato y disposición de las personas encarceladas.
Global Magnitsky
Estas sanciones, que se invocan bajo el marco del programa Global Magnitsky, persiguen de forma unilateral a ciudadanos extranjeros acusados de actos de corrupción o de violaciones de derechos fundamentales.
Además, el Tesoro ha remarcado el «embargo económico» que la OFAC administra a Cuba y que prohíbe a las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos participar en transacciones que «involucren propiedades en las que Cuba o un ciudadano cubano tengan intereses», aunque han reiterado que «existen excepciones».
Finalmente, Estados Unidos ha acusado al Gobierno cubano, presidido por Miguel Díaz-Canel, de «reprimir a los manifestantes pacíficos» en las que se ha detenido a «más de 800 personas (…) muchas de las cuales se encuentran recluidas en una ‘cárcel preventiva’ y aún se desconoce el paradero de muchas otras».
«Una vez en la cárcel, muchas son procesadas por las autoridades cubanas en juicios sumarios, con procedimientos simplificados y, a menudo, sin la posibilidad de contratar a un abogado defensor. Decenas de personas ya han sido condenadas a hasta un año de prisión o trabajo correccional como resultado de juicios sumarios», ha afeado el Departamento del Tesoro en su comunicado.